Respeto es garantizar derechos

Por Omar Gutiérrez Palacios (*) y Martin de Dios (**)


Las diversidad es esencial para el humano. Ser distintos nos ayuda a construir sociedades mejores. Es precisamente el intercambio entre las distintas costumbres y tradiciones las que le hicieron posible a la humanidad sobrevivir en el planeta. Por ello, la preservación de nuestras comunidades es un imperativo de justicia, de igualdad y sobre todo de humanidad.


Cada 12 de Octubre celebramos el día del respeto a la diversidad cultural, y como muchos sabrán, la fecha se conmemora por la llegada de los conquistadores Europeos al continente americano. Afortunadamente no conocemos más este día como el día de la raza. Pero si este feriado es un día de respeto a la diversidad, debe ser un día para atender el reclamo de las comunidades originarias.


Desde la conquista, las comunidades indígenas de Latinoamérica han visto su población reducida en un 95%. Con ellas van desapareciendo miles de valores, tradiciones y costumbres ricas y diversas. Actualmente, las comunidades gozan de una serie de derechos gracias al reconocimiento en el derecho internacional. Sin embargo, la distancia con la realidad es abismal. La situación de las comunidades es muy crítica en términos humanitarios y solamente figuran en los medios cuando la falta de acceso al agua y alimentos se lleva la vida de algún niño o cuando hay un conflicto de tierras. Lamentablemente, garantizar los derechos de las comunidades indígenas y el respeto a su ambiente es una de las grandes deudas de nuestro país.


Es importante primero entender la diversidad de nuestras comunidades. Argentina cuenta con más de 38 comunidades con historias muy distintas. Sin embargo, el reclamo por la posesión colectiva de las tierras, el cuidado del medio ambiente y la discriminación estructural persiste entre todas las comunidades.


Las penas son de nosotros las tierras son ajenas


La reforma constitucional del ‘94, en su artículo 75 inc 17 reconoció la propiedad comunitaria de las tierras. La reforma vino acompañada con sucesivas leyes para instrumentar el cumplimiento, pero ha sido altamente insuficiente.


La Ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras instrumentó los procedimientos para relevar y otorgar la personería jurídica de las comunidades y entregarles las tierras que tradicionalmente ocuparon, a través del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Desde que se sancionó aquella ley en 2006 ha tenido sucesivas prórrogas dada la incapacidad de registrar debidamente las comunidades. La ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) manifestó que a la fecha sólo habrían concluido efectivamente en el 12,48% de las Comunidades a relevar, principalmente en provincias de muy baja presencia y organización indígena. Aunque se utilizó el 76,41% del presupuesto total, el registro sólo reconoce a un tercio de las comunidades y algunas de las que recuperaciones ni siquiera respetaron las comunidades autóctonas. Es fundamental que el Estado en los 3 niveles de gobierno trabajen en otorgar este derecho esencial y no limitarse a ratificar tratados y sancionar leyes que luego nunca se cumplen.


El incumpliemiento del estado Argentino llevó a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 2012 cuando se dio lugar al reclamo presentado por agrupación Lhaka Honhat, reconociendo la propiedad de 440 mil hectáreas para 6 comunidades indígenas. Los sucesivos incumplimientos con la sentencia llevaron nuevamente a que el 2 de abril de este año la Corte vuelva a advertir sobre el incumplimiento, como explica Omar Gutierrez en esta nota.


La violencia ambiental


Por otro lado, el punto que más reúne a las comunidades ancestrales en nuestro país es la preservación del ambiente. Lejos de posibilidades de progreso y desarrollo, la violencia ambiental deja a las comunidades sin posibilidades de subsistir. La ley de bosques declaró los bosques nativos como zonas rojas en donde no se puede ejercer ninguna actividad comercial. Muchas comunidades viven de manera sustentable hace siglos en esos bosques, por lo cual la preservación de esos espacios son esenciales para su supervivencia. Desafortunadamente, también encontramos una gran distancia entre las declaraciones y la realidad. Como advierte Lucas Figueroa, si bien la ley logró disminuir la deforestación, los niveles de incumplimiento son muy altos y la destrucción de bosques nativos es algo completamente recurrente. Por acción u omisión, las autoridades permiten los desmontes y la expulsión de muchos indígenas de su tierra de maneras violentas para su uso comercial y extractivista.


Dejando tierras arrasadas para el cultivo, la vida de las comunidades se ven muy amenazadas. Los ríos donde pescaban se hacen angostos y deben caminar kilómetros para llegar y encontrar agua, que en muchos casos se encuentra contaminada por agrotóxicos. Los montes de donde extraen extraen su comida y sus herramientas de trabajo, hoy son terrenos desérticos. Es por ello que reconocer sus derechos también es un compromiso con cuidar el ambiente.


Discriminación y violencia institucional


Las comunidades sufren la pobreza y marginación porque, a pesar de los años, la sociedad perpetua los estigmas de discriminación sobre las comunidades. Es difícil encontrar representantes autóctonos de las comunidades con el poder de cambiar las estructuras de la sociedad, que parece solo haber cambiado en su sistema legal. Asimismo, es difícil encontrar personas interesadas y orgullosas de nuestras comunidades indígenas.


La civilización occidental prometió un progreso que nunca cumplió, y solamente dejó a las comunidades una destrucción total del ambiente, siglos de esclavitud y discriminación estructural. Una sociedad nunca puede progresar sin saldar la deuda con los más vulnerados. Tras 5 siglos de la llegada de los europeos a Latinoamérica, el respeto a la diversidad cultural aún es una deuda pendiente, así como garantizar el cumplimiento de las políticas públicas correspondientes para garantizar su supervivencia.



Omar Gutiérrez Palacios es Estudiante de Abogacía en la Universidad de Flores (UFLO) y referente de las comunidades Wichí. VER MÁS








Martin de Dios es candidato a MPA en LSE, Magister en Economía Aplicada por la Universidad Torcuato Di Tella  y Abogado por la Universidad de San Andrés. VER MÁS