¿Por qué un Sistema Integral y Federal de Cuidados en Argentina?

La pandemia del COVID-19 ratificó la existencia de una realidad inquietante: las mujeres son las principales responsables de las tareas de cuidados no remunerado. Según un informe de la CEPAL, en la región se evidencia una injusta organización social y una ausencia de políticas públicas que valoricen económicamente estas tareas. Argentina no es la excepción.


El cuidado debe interpretarse cómo aquel conjunto de actividades indispensables y constitutivas para el desarrollo social. Engloba las tareas de autocuidado, cuidado directo y gestión del cuidado. Estas actividades, a pesar de ser un trabajo son usualmente excluidas del circuito socioeconómico.


Tanto en la región como en Argentina, en los últimos años el debate en torno a las políticas de género y la generación de políticas integrales de cuidados cobró relevancia en la agenda pública. Particularmente, Argentina asumió diversos compromisos internacionales tales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por Naciones Unidas que promueven políticas que fortalezcan la igualdad de género, siendo el cuidado un tema que atraviesa a todos los objetivos.


Sin embargo, la inexistencia de políticas de cuidados eficientes en el país limita la autonomía económica y política de las mujeres, acrecentando la desigualdad estructural existente. Asimismo, se perpetúa un sistema basado en la división sexual del trabajo y una distribución de tareas domésticas conforme a las características biológicas de las mujeres. Ante este escenario, es necesario repensar el pacto social de género vigente, a fin de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Un Sistema Integral y Federal de Cuidados (SIFC) es el camino.


Actualmente, Argentina atraviesa una auténtica crisis de cuidados. Existe un déficit de datos oficiales que ilustren el estado actual de la materia. Los últimos son de 2013, cuando el INDEC realizó la última Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo, que arrojó resultados alarmantes: el 76% de las tareas domésticas no remuneradas son realizadas por mujeres. Dentro de este grupo, el 89% dedican un promedio de 6,4 horas semanales a estas actividades mientras que solo el 58% de los hombres destinan aproximadamente 3,4 horas semanales. Si ambos son asalariados, la tendencia se mantiene generando una doble carga de trabajo en las mujeres. Pero, si hay niños y niñas menores de seis años en el hogar el panorama se agrava: el 94,9% de las tareas son asumidas por mujeres.


Cuando las mujeres realizan estas tareas, ya sea producto de su propia elección o no, dejan de invertir su tiempo en otras actividades. El mercado laboral es una de esas áreas en las que se evidencia la falta de participación femenina manifestada en fenómenos de segregación horizontal o vertical y su trayectoria intermitente. Las brechas salariales (del 29% entre los asalariados y del 35,6% en la economía informal), mayores niveles de informalidad (36% versus 34%) y desempleo (10,8% versus 8,9%) también son producto de la desigual participación laboral de las mujeres.


A la injusta distribución del trabajo doméstico hay que sumarle la ventana de oportunidad demográfica que Argentina experimenta: hoy hay más personas en edad económicamente activa que personas dependientes. Según predicciones del Banco Mundial, esta tendencia se mantendrá hasta el año 2040.


Sacar provecho del bono demográfico implicaría diseñar políticas activas de ocupación con perspectiva de género que integren al conjunto de personas inactivas. La inclusión laboral de aquellas mujeres que realizan trabajos de cuidados no remunerados impulsaría el desarrollo económico del país. Un SIFC basado en la corresponsabilidad social es una estrategia eficiente que el Estado podría implementar a fin de reducir la carga de cuidados que las mujeres tienen y consecuentemente dinamizar la economía. Esa carga pesa sobre las más jóvenes: el 78,6% de las tareas de trabajo doméstico no remunerado es asumido por mujeres entre 18 y 29 años, mientras que el 74,5% lo realizan aquellas que tienen entre 30 a 59 años.


A la hora de diseñar su propio sistema, Argentina podría observar la experiencia de países de la región como Costa Rica o Uruguay. Desde la ampliación de la cobertura estatal de los cuidados, responsabilidad que recae principalmente en el hogar (y dentro de estos en las mujeres) hasta el reconocimiento económico y legal del trabajo doméstico no remunerado, son numerosas las medidas que se pueden implementar.


Este es el momento para que el Estado argentino asuma un rol protagonista en la provisión de cuidados. Un SIFC que promueva la corresponsabilidad social y valorice económicamente las tareas de cuidados, logrará reducir las brechas de género del mercado laboral, aumentará la autonomía económica de las mujeres y reducirá la pobreza. Simultáneamente fortalecerá la igualdad de género y el desarrollo económico.


Cuidar y ser cuidado es un derecho y el Estado debe garantizarlo. También lo es un sistema que permita igualdad de oportunidades a las personas.




María Torrengo (@torrengomaria) es abogada de la Universidad Torcuato Di Tella y Magíster en Políticas Públicas y Sociales (Universitat Pompeu Fabra - Johns Hopkins University). VER MÁS.