¿Quién es quién? Los dueños del dinero en el mundo

Entrevista a Catherine Greene *


Por Leopoldo Pérez Obregón **

La siguiente es una entrevista en colaboración con Leopoldo Pérez Obregón, coanfitrión de NEDM podcast. Pueden acceder a un video de la entrevista aquí.

Catherine Greene cuenta con más de 8 años de experiencia en organismos multilaterales (BID y Banco Mundial) en materia de prevención de lavado de activos y manejo del conflicto de interés. Actualmente, se desempeña como oficial de país para la Argentina, Surinam, Trinidad y Tobago y Guyana en la implementación del estándar de la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Un estándar internacional de gobernanza para las industrias extractivas. En su rol actual, así como también a lo largo de su carrera, una de sus principales áreas de trabajo fueron las políticas de transparencia de beneficiarios reales. Conversamos por videollamada desde su residencia en Oslo, para discutir las ventajas, limitaciones y desarrollos más recientes de esta herramienta como medio para combatir la corrupción y el lavado de activos.

– ¿De qué se trata la transparencia de beneficiarios reales?


La cuestión de los beneficiarios reales es súper interesante porque genera una gran paradoja. Por un lado, la gente lo nombra por todos lados, o sea en el mundillo de la transparencia se volvió el pan nuestro de cada día. Es medio como esta idea gringa del buzzword que cada vez que decís una oración en temas de políticas de transparencia tenes que decir “beneficiario real” porque sino no estás yendo por el buen camino, y a la vez creo que es uno de los conceptos más difíciles de entender en la práctica.


El beneficiario real es una persona de carne y hueso (como vos y yo) que se beneficia de un vehículo jurídico, en pocas palabras ¿Qué quiere decir? Por definición no puede nunca un beneficiario real ser entendido como una compañía que está detrás de otra compañía.


– ¿Por qué hablamos de “vehículo jurídico”?


La idea de vehículo jurídico se usa en general para abarcar todo tipo de arreglo legal que prevean las leyes de diferentes países. Los estándares internacionales hablan mucho o de "personas legales", para ser vagos, o de "vehículos jurídicos" para aludir a esta ficción que crea el ordenamiento para generar una suerte de personería separada de la persona o las personas de carne y hueso que están detrás de eso. Que la manejan (o sea que toman decisiones por la empresa en general o por cualquiera de estos instrumentos), que ponen el capital o que se llevan los beneficios monetarios. O incluso sin nada de todo eso, que hacen uso de ciertos activos por ejemplo que pueda tener la organización. Si una organización es dueña de X propiedades en las Islas Caimán y yo sin tener en papeles ninguna conexión legal con eso me paso todos mis veranos 3 meses en las islas Caimán tomando sol en la propiedad sin pagar un centavo, soy considerada también como beneficiario real. 


La novedad


El renovado énfasis de este tema en el mundo de la transparencia obedece a diferentes razones, aunque no se trata de un debate particularmente nuevo. Como antecedente podemos mencionar a las 40 recomendaciones del GAFI Para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Este estándar incorporó alguna alusión al concepto de beneficiario final en las recomendaciones 24 y 25, “donde dice básicamene que los sujetos obligados (los bancos mayormente y otras entidades que se conocen como ‘no financieros designados’ que pueden ser los abogados, los escribanos, aquellos que prestan servicios para crear fideicomisos, etc) tienen que tener información sobre los beneficiarios finales de aquellos vehículos legales que sean sus clientes”, asevera Catherine.


Esta iniciativa logró una implementación bastante desigual a lo largo del globo, hasta que en el año 2016 sale a la luz el escándalo de los Panama Papers. Una investigación periodística elaborada a partir de la filtración de 2,6 terabytes de información sobre cuentas abiertas en Panamá a través de la firma de abogados Mossack Fonseca. Incluyendo personalidades de alto perfil del ámbito público y también privado. Una práctica que siempre se supo que existía, tenía ahora nombres y apellidos y un antes y un después.

El punto de inflexión en la agenda de la transparencia que marca Panamá Papers, conforme señala Catherine, tuvo que ver con de golpe darnos cuenta que los propios sistemas legales que por un lado posibilitaron estas estructuras con ciertos objetivos (tales como hacer que la economía fluya más eficientemente, disminuir riesgos, etc) de repente tuvieron como contracara “el famoso ‘les dimos la mano y nos agarraron el codo’ porque varios jugadores del sistema se dieron cuenta que había un montón de agujeros de los cuales aprovechar”. 


Previo a este momento, el énfasis en materia de transparencia se enfocó en el sector público. Por esto, según Catherine, dentro del mundo de la transparencia "resultó impactante de golpe darnos cuenta que había una enorme parte del sector privado a escala global, no sólo funcionarios públicos, evadiendo impuestos a través de instrumentos que habían creado los propios estados." Esto puso un nuevo énfasis en aquel viejo leitmotiv: it takes two to tango (para bailar el tango se necesitan dos), revirtiendo aquella tendencia orientada casi exclusivamente al funcionariado público.

Cuatro años después, con la epidemia del COVID distintos países en emergencia se vieron ante la necesidad de acudir a financiamiento a través de entidades multilaterales, ya sea para la provisión de equipamiento médico o de ayuda social. En este contexto, “uno de los puntos que vuelve a surgir, y lo tiene el FMI en su regulación de gobernanza que está vigente de 2018, es ‘bueno diganmé quienes son los beneficiarios reales de las compañías, porque si yo voy a comprar barbijos a José Pérez S.A. que no resulte ser que sea el sobrino del Ministro de Salud”, aseveró Catherine.


¿Cuáles son los desarrollos recientes más destacables en esta materia?


Según Catherine, "lo más jugoso, pero que todavía no son desarrollos concretos, viene del país del norte, de los Estados Unidos. Un país donde su regulación de PLAFT no se modificaba desde los 70, y que siempre ha sido muy criticado en todo lo que es la creación de compañías anónimas”. 


Esta facilidad de esconder activos fue abordada a través de dos proyectos: “Uno de ellos que pasó ya en la cámara baja y está en el Senado, y otro que lo presentó un senador demócrata por el Estado de Virginia que se llama el Illicit Cash Flow, el Illicit Cash Flow es para pedir a las empresas que tengan que revelar la información sobre sus beneficiarios reales y el otro proyecto es para sancionar que ya no se puedan crear más sociedades anónimas de la manera en que se crean actualmente donde es imposible acceder a la información de quienes son las personas físicas detrás.”

Si bien ambos son proyectos, "en relación a lo que vino haciendo EEUU del lado de la transparencia de beneficiarios reales hasta el día de hoy, es promisorio que esto exista porque no lo había antes. O sea, estaban muy atrasados al punto tal que el país está rankeado como número dos en el secrecy index, que es un índice que mide cuán secretas son las jurisdicciones. [_] El futuro político de EEUU hoy es un poco incierto, así que vamos a ver cuanta suerte tienen estos proyectos, pero que estén ya es un buen indicio."


Entrevistada: Catherine Greene (@cath_greene) es abogada por la universidad de San Andrés y LL.M. por la universidad de Yale. Actualmente se desempeña como Oficial de País en la iniciativa por la transparencia de las industrias extractivas (EITI).

Entrevistador: Leopoldo Pérez Obregón (@lion_pold) es graduado por la Universidad de San Andrés. Posgrado en derecho penal por la Universidad de Palermo. Actualmente se desempeña como abogado en la Comisión Nacional de Valores. También es músico y coanfitrión de NEDM podcast junto con Celeste Braga Beatove.

Instagram: @lionpold