Ley de Fuego: un abordaje integral al problema de los incendios


Daniela Vilar*

Según el último reporte del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, en lo que va del año 2020 se incendiaron 769.732 hectáreas. Significa el equivalente a más de treinta y cinco veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arrasada por el fuego, aniquilando ecosistemas, flora y fauna. Estamos ante un auténtico ecocidio de consecuencias ambientales y sociales difíciles de minimizar.


El problema no es excepcional ni está circunscripto a un área específica: los focos de incendios se dieron en 14 provincias. Los más recientes en las provincias de Córdoba, Catamarca, Jujuy y Tucumán. Pero desde fines de 2019 se identifican incendios en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Misiones y La Rioja.


Esta catástrofe ambiental que atravesamos no puede reducirse a una única causa sino que conjuga varios elementos. Por un lado, atravesamos una situación climática delicada por la sequía y las lluvias menores al promedio habitual, lo que hace que haya zonas que estén muy expuestas a la propagación del fuego ante un foco de incendio. En este sentido, el cambio climático contribuye a generar una tendencia sostenida hacia el agravamiento de estas temperaturas extremas, por lo que las condiciones para el desarrollo de incendios descontrolados se tornarán cada vez más habituales si no se toman medidas para detener el deterioro general del ambiente.


Sin embargo, la realidad es también que la enorme mayoría de los fuegos se producen a causa de la acción humana. Y que la mayoría de ellos tienen, además, un origen intencional. En efecto, gran parte de los incendios actuales son provocados por personas que utilizan el fuego como instrumento para disponer de terrenos en función de distintos fines económicos.



Los incendios controlados son una práctica que, en reducidas dimensiones y tomando suficientes recaudos, es habitual en nuestro país. ¿Por qué alguien querría producir un incendio? Cuando se prende fuego un terreno se “limpia” todo lo que hay en él: árboles, pastos, animales silvestres, si hay agua el agua se evapora, etc. Entonces el espacio queda disponible para cualquier actividad que se pretenda ejecutar. Pero la gran mayoría de los incendios que estamos viendo hoy son una cosa muy diferente al ejercicio tradicional de renovación del suelo. Se trata de un mecanismo ilegal y especulativo orientado a captar cada vez más terrenos para su eventual uso en emprendimientos inmobiliarios o para ampliar la frontera agrícola-ganadera.


Tenemos entonces una práctica de quema de tierras que se ha venido extendiendo peligrosamente en función de la especulación comercial que se hace con los suelos, y que se potencia es un contexto de condiciones ambientales extremas causadas por el cambio climático, generando situaciones propicias para que los incendios se descontrolen fácilmente.


La consecuencia es conocida: pérdida de viviendas e infraestructura, destrucción de bosques nativos fundamentales para la calidad de vida, pérdida de humedales que al ser reguladores hídricos son imprescindibles para evitar catástrofes tales como inundaciones, erosión de los suelos que afectan el clima, las lluvias, la cotidianeidad de las comunidades aledañas y la producción. Como siempre, estos problemas afectan más a los sectores más vulnerables. Sin ir más lejos, en el Conurbano bonaerense una de las mayores amenazas climáticas son las inundaciones por las crecidas del Río de la Plata y la cuenca Matanza-Riachuelo.


Ante este panorama es de sentido común entender la necesidad de abordar este peligroso cóctel, que cada año hace que tengamos más hectáreas bajo fuego, con el consiguiente daño a la biodiversidad, afectación del ambiente, pérdidas materiales y graves consecuencias y la salud y la calidad de vida.


Para afrontar esta situación urgente, el jefe del bloque del Frente de Todos Máximo Kirchner presentó la semana pasada, junto a diputados de distintos bloques que acompañaron la iniciativa, un Proyecto de Ley destinado a dar respuesta a la problemática y a desarticular el maridaje entre especulación e incendios.


El proyecto contempla modificar la Ley 26.815 del Manejo del Fuego estableciendo que, en caso de producirse un incendio en bosques nativos, áreas naturales protegidas y humedales, durante 60 años en el área afectada quedará impedido el loteo, división, afectación a emprendimientos inmobiliarios o cualquier uso diferente al que existía previo al fuego. Cuando se trate de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, estas limitaciones llegan a los 30 años.

De esta manera, en complemento con los recursos del Estado, la comunidad y las provincias para apagar los incendios, se neutraliza el beneficio buscado por quienes generan estos incendios, desarticulando el negocio que provoca las quemas intencionales. A su vez, se garantizan las condiciones para la recuperación de los suelos dañados por los incendios.


Más allá del impacto inmediato que la aprobación de este proyecto busca generar para desincentivar la generación de incendios deliberados, se trata de un primer paso hacia un cambio de paradigma en el manejo de este problema. Una nueva concepción que parte de reconocer la dimensión que tomó el uso especulativo de los suelos y las condiciones de vulnerabilidad ambiental que produce el cambio climático. Estas prácticas que antes ignorábamos ahora son un problema urgente imposible de frenar sin regulación del Estado.


La dimensión y gravedad que, por los motivos expuestos, adquirieron los incendios en los últimos tiempos hace imposible sostener un enfoque reactivo que se concentre solamente en contener los daños una vez que el fuego se propaga. Esto implica, indudablemente, reforzar la supervisión del Estado para evitar acciones que producen daños a bienes públicos y sociales que deben ser protegidos por la comunidad.


Resulta a esta altura más que evidente que no se puede pensar en una política ambiental que esté desligada de lo económico y lo social. Para abordar realmente los problemas ambientales es necesario plantearnos también la necesidad de una agenda transformadora orientada a redistribuir la riqueza, promover la equidad y limitar la concentración del poder y los recursos en pocas manos.


*Daniela es Diputada Nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Es Presidenta de la Comisión de Modernización Parlamentaria de la Cámara de Diputados y Vicepresidenta 2° de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales.

Es licenciada en Ciencia Política y candidata a Magíster en Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés.