La sindicalización azul no es color de rosas

Por Martín De Simone* |


La sindicalización policial ha vuelto al centro del debate como consecuencia de las protestas protagonizadas por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires la semana pasada. Pero si miramos hacia atrás, el tema parece ser una propuesta que muchos gustan de proponer cuando no están en el poder, pero casi nadie impulsa al ocupar posiciones de responsabilidad política.

El objetivo aquí no es discutir la legalidad de la sindicalización policial, aunque para aquellos interesados, tal vez sirva mencionar que el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, al igual que otros pactos internacionales, establece en su artículo 9 que "la legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía" las garantías de libertad sindical. En Argentina, el Poder Judicial ha fallado varias veces en contra de la sindicalización policial, incluyendo un fallo de la Corte Suprema en 2017.

En cambio, el objetivo de este artículo es analizar las potenciales ventajas y desventajas de una posible sindicalización y mostrar que, como en casi todo, la solución adecuada puede no estar en los extremos.

Las ventajas de la sindicalización son evidentes. Las policías argentinas sufren no solo de sueldos magros, sino también de muy malas condiciones de bienestar. Aunque con diferencias entre las diferentes provincias, hay algunos patrones que son bastante comunes a lo largo del país.

Primero, como ya hemos mencionado, es habitual que las policías cuenten con salarios muy bajos. Segundo, es normal que sus ingresos decaigan aún más una vez que alcanzan en el retiro. Esto ocurre porque una gran porción de los sueldos policiales es otorgada bajo el formato de adicionales que son no remunerativos. Se trata de formas de compensar los bajos salarios que se otorgan por horas extra de servicio, por trabajar en zonas consideradas peligrosas, y por otra infinidad de factores. Pero estos componentes salariales no son considerados al momento de la jubilación, lo que ha llevado a históricas judicializaciones en varias jurisdicciones, incluyendo al nivel federal.

También es habitual que las policías cuenten con magras políticas de bienestar, a pesar del sin duda demandante trabajo que llevan a cabo en su labor cotidiana. La cobertura de salud y los servicios para lidiar con las presiones del trabajo suelen ser de mala calidad, si existen.

En ese sentido, la sindicalización policial, sin duda alguna, proveería un canal institucional para la negociación colectiva de los derechos laborales de los policías y, por ende, para la mejora de sus condiciones de trabajo y vida.

La sindicalización también brindaría una oportunidad para que los eslabones más perjudicados de la jerarquía policial puedan tener una defensa institucional de sus intereses frente a los abusos de los jefes policiales. La realidad de los policías es muy heterogénea, y los suboficiales suelen sufrir los atropellos de sus superiores, así como ser forzados a "recaudar" para ellos, aumentando no solo la desconfianza en la institución policial, sino también las inequidades hacia el interior de las fuerzas. De manera similar, las mujeres policías suelen enfrentar mayores obstáculos para desarrollar una carrera que las equipare a sus colegas hombres.

Pero en el mundo de la sindicalización azul, no todo es color de rosas. Los días posteriores a las protestas de la bonaerense vieron surgir muchas voces a favor de la sindicalización. Ello puede hacer parecer que la existencia de sindicatos policiales es la norma en el mundo, pero en realidad, no lo es. Estados Unidos, varios países de Europa y Uruguay permiten la sindicalización, pero es bastante poco habitual en el resto del mundo.

El caso de Estados Unidos es útil para retratar algunos de los principales riesgos de una sindicalización policial. Allí, los sindicatos policiales se han transformado en los principales opositores, y los principales impedimentos, para la implementación de reformas policiales, en especial las que tienden a regular el uso de la fuerza (ver este informe y este otro).

Algunos sindicatos son tan poderosos que logran que agentes policiales con casos de uso excesivo de la fuerza sean totalmente intocable, incluso en casos fatales. Además, aquellos políticos que tienen intenciones de realizar reformas policiales prefieren no hacerlo, porque temen las consecuencias. Los sindicatos, usan los recursos que obtienen para proteger desmesuradamente a quienes son denunciados por violencia policial, lo que ha llevado a que la sindicalización sea considerada como "la compra de un seguro" por parte de los agentes (ver este artículo del New York Times).

Una investigación de Reuters demostró que, en muchos casos, los políticos han dado concesiones explícitas a los sindicatos -tales como menores niveles de transparencia para las fuerzas policiales-, a cambio de no aumentar los salarios o de no hacerlo de manera considerable. Quizá este es el peor de los equilibrios: policías mal pagos que, además, no son controlables.

Desafortunadamente, la evidencia respecto de los efectos de la sindicalización policial es escasa, y más aún para países en desarrollo. No obstante, la poca evidencia existente muestra casi siempre impactos negativos. Por ejemplo, un reciente estudio en Florida mostró que al permitirse la negociación colectiva para policías, los incidentes de mal uso de la fuerza, incluso los altamente violentos, se incrementaron de manera significativa.

La evidencia también muestra que, incluso para aquellos agentes que son expulsados por casos de violencia institucional, la probabilidad de ser contratados nuevamente es más alta si están sindicalizados. Además, los sindicatos tienden a evitar que los casos de uso excesivo de la fuerza salgan a la luz y a evadir cualquier tipo de escrutinio público, negociando obstáculos institucionales para el control ciudadano (ver aquí). Finalmente, hay indicios de que los policías sindicalizados tienden también a matar más civiles y, en especial, a más miembros de grupos minoritarios.

La poca evidencia existente nos muestra que la sindicalización policial puede tener serios efectos negativos. Puesto de otra forma, no hay evidencia -o al menos, yo no la conozco-, de un potencial impacto positivo. Pero esta historia esconde un elefante en el cuarto: las policías en Argentina ya se encuentran organizadas en asociaciones que, si no fuera por los requisitos legales, serían sindicatos (ver acá y acá para la Provincia de Buenos Aires). Quizá esta realidad provea un buen incentivo para pensar en la sindicalización saliendo de los extremos y dejando el todo o nada. Aquí, propongo solo algunas alternativas para abrir el debate.

  • La sindicalización policial, que técnicamente, implicaría el derecho a huelga, puede ser un tanto contraproducente. Sin embargo, ello no implica que no puedan crearse mecanismos para que los policías puedan negociar sus salarios con las autoridades políticas. Similarmente, pueden también crearse instrumentos para que los suboficiales puedan defenderse de los abusos de sus superiores, y eso sin entrar en la discusión de qué sentido tiene que una organización policial tenga una distinción tan tajante entre suboficiales y oficiales. En otras palabras, esta posibilidad implicaría que las asociaciones policiales puedan negociar sus condiciones laborales, pero que no tengan ninguna injerencia en cuestiones disciplinarias. Casos como el de Chubut pueden servir de puntapié inicial.

  • Otra opción es permitir negociaciones colectivas, pero con una condición: que las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos puedan participar en carácter de observadores, sin que las negociaciones se lleven a puertas cerradas. Este modelo, inicialmente propuesto por Rushin, puede arrojar el mejor de lo resultados: policías con mejores salarios y mayores controles. Una situación en la que ganan tanto los policías como los ciudadanos.

  • Otra alternativa es admitir que, si los policías pueden sindicalizarse, también deben seguir muchas de las pautas que son hoy respetadas por cualquier otra profesión. Así, permitir la sindicalización puede representar una gran oportunidad para debatir el llamado "estado policial", que hoy en día implica que los policías son policías las 24 horas del día, incluso cuando no están trabajando. Eso trae grandes consecuencias en términos de violencia institucional pero también en términos del propio bienestar policial.

  • Finalmente, es posible pensar en una estrategia de zanahoria y garrote. Si vamos a permitir la sindicalización policial, debe ser como parte de reformas más profundas que, como un todo, tiendan a disminuir la violencia institucional y aumentar la transparencia. Así, puede aprovecharse el incentivo de permitir la sindicalización para también implementar reformas que suelen no tener el respaldo de los policías. Al fin y al cabo, las reformas policiales se encuentran entre las más difíciles de implementar y quizá la única forma de lograr reformas estructurales sea ceder en una demanda histórica de las policías. De esta forma, la sindicalización puede ser también una oportunidad para pensar reformas que implementen controles externos, ejerzan el gobierno de las fuerzas con mecanismos como el control presupuestario, de carrera, ascensos, formación y reclutamiento, e incrementen la transparencia, el control ciudadano y la diversidad en las fuerzas. Pensar en la sindicalización como una reforma aislada puede ser una trampa mortal.

La sindicalización azul no es color de rosas, las reformas que se plantean en términos de blanco o negro, de todo o nada, tampoco son útiles. Tal vez sea hora de pensar en la escala de los grises.

(*) Martín De Simone (@desimonemartin) es MA en Políticas Públicas por la Universidad Princeton -donde también obtuvo una especialización en desarrollo internacional- y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés. VER MÁS