La resocialización carcelaria: una deuda de la democracia

Por Santiago Mollis* y Martín De Dios** |


En Argentina, la pena privativa de la libertad tiene por finalidad la resocialización de aquellas personas condenadas por cometer un delito (art. 1 ley 24.660, art. 5.6 CADH, art. 10.3 PIDCP). Por ello, en sintonía con lo que señala la Constitución Nacional (art. 18), las cárceles no deben pensarse ni constituirse como lugares de castigo. No obstante, e independientemente de las críticas que pueden señalarse al ideal resocializador y al encierro como medio para lograr tal fin, los altos niveles de reincidencia en el delito y las condiciones de la realidad de las cárceles de nuestro país indican otra cosa. Según el último informe publicado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), la población carcelaria se ha duplicado en los últimos años y la sobreocupación carcelaria llega al 22% a nivel nacional y no se ha visto una caída en los niveles de delincuencia. Esta situación es particularmente problemática en el sistema penitenciario bonaerense, donde la sobreocupación ha llegado a superar la capacidad instalada en un 100% en 2019. A su vez, debemos tener en cuenta las indignas condiciones de encierro y las constantes violaciones a los derechos humanos a las que son sometidas las personas privadas de la libertad en nuestro país.


De los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de Inseguridad y Violencia (CELIV) a personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario federal y bonaerense en 2019,[1] se desprende que 4 de cada 10 son reincidentes.[2] Otro dato preocupante es que, según una encuesta previa también realizada por el CELIV en 2013, el 67,5% de las personas que declararon haber reincidido fueron por delitos iguales o más graves tras ser liberado en un lapso menor a un año. Este no es un problema exclusivo de nuestro país ni de nuestra región. Por mencionar algunos ejemplos, la tasa de reincidencia en Dinamarca es del 63%, en Estados Unidos, a nivel federal, del 60%, en Holanda del 46% y en Francia del 40%. Sin dudas, esto nos exige repensar el trabajo que realizan las cárceles. Las cárceles, lejos de promover el desistimiento en el delito, parecieran ser una escuela del delito. Si queremos construir una sociedad más segura, debemos preocuparnos por reducir la reincidencia y esto implica mejorar nuestras políticas e implementar profundos cambios. Sobre todo al observar las finanzas públicas y el gasto destinado a la seguridad, invertir en una correcta socialización presenta claros beneficios para el estado.

Programas efectivos para reducir la reincidencia

Como la evidencia indica, lo que sucede en las cárceles tiene un impacto significativo en las personas privadas de la libertad al momento de reinsertarse en la sociedad. Mientras que las tasas de reincidencia más bajas son reportadas por los países con las mejores condiciones de detención,[3] el empeoramiento de las condiciones aumenta la probabilidad de que una persona reincida.[4] Sin embargo, no son las cárceles y lo que suceda dentro de ellas lo único que incide en las probabilidades de que una persona reincida una vez cumplida su condena. La salud mental de las personas privadas de la libertad, el consumo problemático de drogas, la falta de empleo formal, una vivienda estable y el acceso a la educación formal, entre otros, son elementos fundamentales a tener en cuenta para asegurar una reinserción efectiva y disminuir la reincidencia de aquellas personas que pasan por la cárcel.


Durante la última década, varios países y organismos internacionales han concentrado su atención en el desarrollo y puesta en práctica de distintos programas con el objetivo de reducir la reincidencia. Incluso algunos países como Australia, Nueva Zelanda y estados como Nueva York con regímenes público-privados establecieron un sistema de incentivos económicos para las prisiones cuyos internos reportan una menor tasa de reincidencia. De las experiencias aprendemos que los programas de capacitación laboral en la cárcel y los que garantizan un trabajo al reinsertarse en la sociedad pueden tener un impacto significativo en los niveles de reincidencia. Por ejemplo, el Exodus Transitional Community, una organización en East Harlem, ha logrado reducir la reincidencia a solo un 4% a través de un programa educativo orientado a la formación y apoyo integral de las personas privadas de la libertad. Además, un 78% de los participantes lograron obtener un empleo y salario digno al salir de la cárcel.


Sin dudas, el trabajo es un pilar central para poder desarrollar un plan de vida y así evitar la comisión de futuros delitos. Particularmente en Argentina, donde más de la mitad de los detenidos están presos por delitos sin víctimas (relacionados a drogas) y robos sin violencia. Ahora bien, la implementación de un programa debe considerar los múltiples factores en juego para lograr reducir las posibilidades de que una persona reincida. A saber, empleos estables, de calidad y bien remunerados.

Las experiencias en Argentina

En Argentina, existen varios programas, como el “Programa Nacional de Trabajo en Cárceles”. El problema es que se encuentran muy fragmentados, tienen poco alcance y se desconocen sus resultados. De todas formas, hay experiencias que confirman la importancia del empleo, la educación y la integración, tanto en contextos de encierro como una vez fuera de la cárcel. Por ejemplo, la tasa de reincidencia de aquellas personas que estudiaron una carrera en el Centro Universitario Devoto es del 16%. Sin embargo, a nivel nacional, menos del 40% de las personas privadas de la libertad participó en programas educativos y apenas un 22% participó de algún programa laboral. A su vez, terminada su condena, estas personas se enfrentarán con un mercado laboral que las discrimina. No solo es una práctica común requerir el certificado de antecedentes penales y obligatorio para ingresar a la planta laboral estatal, sino que tampoco pueden formar parte del consejo directivo de cooperativas, una herramienta fundamental que hace años distintos grupos de personas que pasaron por contextos de encierro utilizan para poder reinsertarse en la sociedad. Por último, el programa Espartanos, que tiene una mirada integral enfocada en el empleo, la vivienda, acompañamiento y capacitación de las personas que participan en este, ha obtenido resultados muy positivos hasta el momento. Solo un 8% de las 300 personas que participaron en este programa han reincidido.


La resocialización y reinserción de las personas privadas de la libertad es una de las muchas deudas que tiene nuestro país. El diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a garantizar que aquellas personas que cometieron un delito puedan rehacer su vida de manera digna es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y segura.

[1] En conjunto, el sistema penitenciario federal y bonaerense albergan a casi el 60% de las personas detenidas en Argentina. [2] Según los últimos datos publicados por en el informe anual del SNEEP, la tasa de reincidencia a nivel nacional no llegaría al 30%. [3] (Fazel, 2015) [4] (Vertova, P. 2011)

(*) Santiago Mollis es Abogado por la Universidad de San Andrés y futuro Doctor en Leyes por la Cornelll University, en donde realizó su LLM. Es especialista en derecho penal y teoría política.

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(**) Martin de Dios es Magister en Economía Aplicada por la Universidad Torcuato Di Tella  y Abogado por la Universidad de San Andres. VER MÁS