¿La reproducción es asistida?


Por María Sol Osuna*


En el año 2012, estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud indicaron que, en países desarrollados, 1 de cada 4 parejas son afectadas por la infertilidad. Es decir, un 25% de las parejas no logra concretar un embarazo después de doce meses de relaciones sexuales desprotegidas, advirtiendo que hay factores condicionantes como las infecciones por enfermedades de transmisión sexual, las cuestiones ambientales y genéticas y las conductas culturales marcadas por postergar la maternidad.


Las primeras repercusiones nacionales se acentúan en los años '90 a partir de la creación de asociaciones civiles y centros especializados, sumado a la difusión periodística. Ante eso, se plantearon diversas alternativas como solución, plasmadas en más de quince proyectos de ley. Sin embargo, ninguno prosperó; por ser sumamente restrictivos y acotados en cuanto a la edad del paciente, por incumplir técnicamente con los criterios médicos básicos o por contraponerse a los intereses de las coberturas de salud.


A pesar de estas manifestaciones previas, la problemática realmente tomó visibilidad en el año 2012, cuando la Presidenta Fernández de Kirchner habló del tema en el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias. Así, en el año 2013, se sanciona la Ley 26.862, garantizando el acceso integral e igualitario a las técnicas asistenciales de baja complejidad, como la estimulación ovárica o la inseminación intrauterina, y a las de alta complejidad, como la fecundación in vitro, −independientemente del tipo de cobertura (obra social, prepaga o pública)−. Cabe destacar que esta ley reúne y cumple con los criterios fundamentales de regulación técnica que eran inexistentes en proyectos anteriores y terminaban por limitar el desarrollo de los procedimientos. Luego, en el año 2016, la creación del Programa Nacional de Reproducción Médicamente Asistida marca finalmente un punto de inflexión en el derecho a formar una familia.


Fue muy importante dar respuesta porque son cuestiones que afectan de forma directa a la salud pública, estando estrechamente ligadas a la estructura de la sociedad. Era necesario el compromiso público para remediar y superar estas complejidades que, por el contrario, sin una alternativa concreta podrían impactar deficitariamente en la base poblacional, obstaculizando la dinámica social a futuro. También, fue fundamental visibilizar estas prácticas otorgándoles sustento y amparo mediante su marco legal correspondiente.


El presente de esta política pública evidencia, en gran medida, el cumplimiento del programa con un visible aumento de los pacientes que acceden a los tratamientos. No obstante, está muy lejos de alcanzar su potencial, ya que gran parte de las personas aún no acceden al tratamiento por falta de difusión e información por parte del Estado y por inconvenientes legales que presentan las coberturas de salud.


Impulsar campañas nacionales de concientización sobre la diversidad de tratamientos y procedimientos posibles y comunicar periódicamente la importancia de cuidar la fertilidad pueden ser los caminos fortalecedores para esta política en términos de alcance igualitario. Todavía queda mucho para conquistar en este terreno.


María Sol es Licenciada en Relaciones Internacionales y Politóloga (UCA). Maestranda en Políticas Públicas (UTDT) y actualmente trabaja en JP Morgan.





** Este artículo se escribió en el marco de la materia "Diseño e Implementación de Políticas Públicas en Argentina" de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.