La deuda incómoda de la educación, aún en tiempos de pandemia

Por Agustin Claus* |


La excepcional coyuntura causada por la pandemia COVID-19 evidencia el recrudecimiento de los déficits estructurales de la educación del país. El principal rasgo estructural de la educación argentina es su alto nivel de desigualdad, la cual no es originaria de la pandemia, sino el reflejo de su elusión histórica como parte del debate educativo. Esta coyuntura exige la redefinición del esquema federal en el cual el Estado Nacional y las 24 jurisdicciones construyan nuevos consensos y acuerdos políticos para la educación del futuro. El futuro es mañana.

Los desafíos estratégicos pueden clasificarse en cuatro ejes:


1) Reconocer en el centro del debate a la fragmentación y desigualdad estructural del sistema educativo que opera contra el derecho a la educación en el país;


2) Coordinar y establecer a nivel federal, qué políticas educativas nacionales se impulsarán con fondos específicos vinculados a objetivos y criterios redistributivos para que las 24 jurisdicciones puedan orientar mejoras en la asignación de los recursos;


3) Desarrollar mecanismos de planeamiento e información, dado que no hay posibilidad de que con la marginal información disponible, el Estado Nacional pueda impulsar políticas efectivas y las provincias puedan utilizar criterios que permitan una mejor utilización de los recursos;


4) Mejorar la gobernabilidad educativa a nivel federal, entre la Nación y las 24 provincias: es necesario acordar y delimitar el accionar estatal para potenciar el impacto y la capacidad de las políticas en clave de justicia educativa.


La discusión sobre la educación no debería circunscribirse de manera endógena al mundo educativo. Porque la educación tiene múltiples dimensiones, articulaciones, actores y responsables. Porque el déficit educativo se interpela bajo la lógica futbolística de ¨ganar o perder¨ y lo demás no importa. Quien no puede eludir el debate es el Estado, que tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las leyes; y la gestión política de gobierno tiene el mandato de orientar su accionar al cumplimiento del derecho a la educación. Como planteó León Tolstói en su tratado ¨Guerra y Paz¨, escribir leyes es fácil, pero gobernar es lo difícil.


La gobernabilidad de la educación en Argentina está impregnada de debates pendientes e incómodos. Plantear una síntesis histórica siempre es subjetivo y limitado. No obstante, delinear los principales hitos de las políticas educativas resulta nodal para comprender el rol del Estado en la educación moderna desde la apertura democrática hasta la actualidad (Abad y Cantarelli, 2012).


Desde la recuperación del Estado de derecho en 1983, las políticas educativas se enmarcaron en el ¨proyecto educativo democrático¨ de transición. El entusiasmo generado por la ampliación de la participación y la convocatoria al Congreso Pedagógico Nacional fue importante, pero no suficiente. Se realizó un diagnóstico nacional de la educación en distintas dimensiones con impronta federal que fue un hito de la década del 80’. Posteriormente, la crisis económica y política se impondría y la educación perdería protagonismo en la agenda de las políticas públicas.

Durante la década del 90’, bajo la llamada ¨transformación educativa¨, se impulsaron políticas educativas con impronta neoliberal acordes al clima de época. El paradigma de focalización y compensación orientó el accionar estatal. Entre los principales hitos se destacaron:


a) la consumación de la descentralización educativa a las provincias, iniciada durante la dictadura cívico militar de 1976-1982;


b) la promulgación de la primera ley federal de educación y de educación superior;


c) el impulso del pacto federal educativo que vinculaba acciones y recursos bajo el esquema federal y


d) la implementación de los sistemas de información y evaluación de las trayectorias y resultados de los estudiantes.


Estos cuatro hitos reflejan la concepción de la gobernabilidad educativa en un esquema federal. Así, se inauguró el rol del Ministerio de Educación Nacional sin escuelas en el cual, lejos de reforzarse un sistema educativo nacional, se crearon 24 subsistemas educativos provinciales, con ciertos rasgos comunes, pero con diferencias estructurales aún mayores. Nuevamente, la crisis económica, política, social e institucional se impondría y la educación perdería protagonismo en la agenda de las políticas públicas.


La recuperación de la centralidad estatal en la educación resultó notable en las dos primeras décadas del 2000. El marco normativo de los primeros años fue prolífero:


a) ley de garantía salarial docente y calendario lectivo;


b) ley de garantía presupuestaria del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID);


c) ley de educación técnico-profesional;


d) ley de educación nacional; e) ley de protección integral de los derechos de niñes y adolescentes y


e) ley de educación sexual integral.


Esta normativa fue impulsada bajo un marco cuya impronta re-centralizadora de las políticas educativas fue motorizada por el Estado Nacional. Estos hitos se consolidaron sobre la estructura de gobernabilidad educativa institucionalizada en la década del 90’. El contexto inicial facilitó la disponibilidad de recursos destinados al sector que permitieron implementar las políticas educativas, pero la insuficiencia de reformas estructurales, bajo condiciones educativas inéditas, fue el principal déficit que no permitió la disminución significativa de las inequidades estructurales a lo largo del periodo.


La disminución del impulso a la recentralización a cargo del Estado Nacional se vio discontinuada durante la última administración de gobierno. La concepción que promueve el accionar nacional no tuvo que ver con las características ni de los noventa ni de los dos mil, sino más bien con la combinación del déficit de ambas décadas. El desentendimiento de la responsabilidad del Ministerio de Educación nacional sin escuelas fue explícito. Las políticas impulsadas consistieron en la descentralización, no de escuelas, sino de las políticas educativas nacionales, con excepción de la Evaluación y la Formación Docente. Nuevamente, la crisis económica se impondría y la Educación perdería protagonismo de la agenda de las políticas públicas.


Hoy, es necesario recuperar los desafíos respecto de cómo resolver la desigualdad estructural en la educación argentina. La coyuntura impone atender lo urgente y crítico, lo estratégico implica pensar lo importante del mañana. Impulsar políticas públicas que reconozcan las desigualdades potenciará la posibilidad del cambio estatal que permita en el largo plazo garantizar el derecho efectivo a la educación en Argentina.


Agustín Claus es especialista en políticas y economía de la educación Argentina. VER MÁS