La deuda argentina en materia de seguridad pública

Por Martín Appiolaza |


La inseguridad sigue estando entre las mayores preocupaciones de los argentinos, incluso en un contexto como el presente. La crisis actual, en el marco de la cual se pronostica un incremento de la conflictividad y el crimen organizado, presenta una oportunidad para institucionalizar y avanzar en la modernización del sistema de seguridad pública. En pocas palabras, hace falta un Estado más organizado, minimalista en el uso de la violencia, efectivo para abordar la complejidad criminal en todo el país, que invierta en prevención, incorpore a los gobiernos locales y sea infranqueable ante los esfuerzos de corromperlo. En ese contexto, cabe preguntarse cuál es la deuda argentina en materia de seguridad pública.

Si bien hay bastante en la columna del haber, la Argentina tiene varios pendientes en el debe: tiene que completar la institucionalización de un sistema público de alcance federal de seguridad, que defina objetivos en base a un sistema de información criminal, que adecue sus instituciones y herramientas a esos fines, organizado de modo que pueda ser eficiente al abordar las formas de criminalidad organizada y que tenga políticas capaces de gestionar la conflictividad eficientemente para prevenir violencias y delitos.

Desde una perspectiva regional, el país está entre los que tienen los delitos violentos más bajos (5 sobre 100 mil, 2,6 en Chile y 6,7 Ecuador). No hay que empezar de cero. El Ministerio de Seguridad (creado en 2010) tiene en su planta cuadros técnicos valiosos, supervivientes de varias gestiones y capaces de desarrollar e implementar políticas. También existe un staff político formado, que eleva el debate al interior de los partidos. El campo académico de la seguridad -que durante mucho tiempo fue raquítico o inexistente-, tiene cada vez más espacios de formación de grado y postgrado, investigaciones y un cuerpo docente especializado. De allí surgió la actual Ministra nacional, Sabina Frederic.

En estos años, la Argentina también fortaleció sustancialmente el sistema de estadísticas criminales y aplicó encuestas de victimización. Incorporó instancias de análisis de las tendencias criminales y buscó profesionalizar el modelo de toma de decisiones. Ello no evita, sin embargo, que existan arrebatos populistas. El miedo al crimen ha generado presiones sobre los tomadores de decisiones para avanzar en encarcelamientos, discursos autoritarios y una securitización de las políticas sociales, horadando la débil institucionalidad democrática, como afirman Kessler y Otamendi.

Como un haber en la materia, también hay que señalar que existe cierta continuidad en algunas políticas, pese a la alternancia de gobiernos y matices discursivos. Por ejemplo, programas con foco sobre comunidades vulnerables (unidades de Prevención Barrial, 2012; Barrios Seguros, 2016); o el progresivo involucramiento de las provincias en el abordaje del microtráfico.

El sistema de seguridad pública no se agota en el gobierno nacional. El abordaje de la mayor parte del país está a cargo de los gobiernos de las 24 provincias (CABA incluida) y sus policías. Ello implica la formulación e implementación de políticas particulares, el desarrollo de estadísticas, la formación y el control policial, así como el abordaje del crimen en coordinación con la Justicia y el cumplimiento de las penas. Se suma a ello la amplia instancia de prevención en la gestión de la conflictividad, como bien ha señalado Binder. Agreguemos a los más de dos mil gobiernos locales: los intendentes, por proximidad y legitimidad, también han tenido que asumir responsabilidades en la materia (como puede verse en esta compilación de Schleider y Carrasco).

Entre las experiencias más importantes que ha capitalizado el sistema de la seguridad pública en la Argentina, muchas vienen de las provincias y en especial de las áreas metropolitanas. Por ejemplo, el Sistema de Gestión y Monitoreo del Gran Mendoza o el Plan Abre en los núcleos urbanos más vulnerados de Santa Fe. Ambos trabajaron en base a información criminal, articulando distintos niveles de gobierno a nivel vertical y diferentes agencias horizontalmente, para abordar problemáticas con territorios comunes apelando a técnicas de policiamiento en Mendoza y de intervención urbana en Santa Fe,

En toda la diversidad de actores y particularidades de la Argentina, podríamos decir que existen algunos acuerdos tácitos en el sistema político que funcionan como crédito y que podríamos rastrear en el Acuerdo por la Seguridad Democrática (que consiguió amplio apoyo político a fines del 2009). Esos acuerdos incluyen la vinculación necesaria entre la policía y la comunidad; el hecho de que las autoridades gubernamentales sean las responsables de conducir los sistemas públicos de seguridad; y el aporte de la reducción de las desigualdades en la reducción del delito.

Quedan, por supuesto, temas pendientes que son los que aquí llamamos “la deuda”, complejizados por la crisis económica, social y política que asoma. ¿Cuáles son las deudas?

  • La Argentina se debe una fuerza federal, formada, equipada, entrenada y distribuida con equidad en todo el territorio, capaz de llevar adelante las tareas de investigación y abordar con eficiencia las expresiones de la criminalidad organizada. Diagnósticos tempranos como el de Europol, anticipan una expansión y redefinición de las mafias que tendrán impacto regional y local.

  • Para sobreponerse a ese nuevo escenario, corresponde fortalecer herramientas y capacidades vigorizando los espacios regionales y bilaterales de cooperación, especialmente al nivel del Mercosur. Se han venido trabajando irregularmente en temas de comercio ilícito de sustancias prohibidos, trata, tráfico de armas, por ejemplo. En un escenario global complejo, se necesita la máxima cooperación internacional.

  • Ya nadie sobrio defiende la guerra a las drogas ni el prohibicionismo como única estrategia. La Argentina está en deuda: no ha logrado resultados sostenibles. Se debe una estrategia integral entre el control, la reducción de violencia y el cuidado de la salud. La delegación a las provincias de la persecución del microtráfico debe estar acompañada por un fortalecimiento de la capacidad para desarticular las organizaciones de la criminalidad internacional organizada.

  • La necesidad de institucionalizar las políticas de prevención social de la violencia y el delito con foco en los territorios más afectados es otra de las deudas. Han existido programas nacionales y provinciales con experiencias evaluadas. Los resultados en general son positivos en cuanto a procesos e impacto.

  • El control y reducción de la disponibilidad de armas y municiones venía funcionando como una política de Estado desde 2007. En los últimos años se debilitó. Es deuda volver a colocar el tema en agenda y focalizar sobre los mercados ilegales, ante la amenaza de un auge regional de la criminalidad organizada.

  • Los mecanismos de coordinación federal necesitan ser fortalecidos, más allá de las instancias formales de consejos. En muchos rincones, la coordinación se sostiene en base a vínculos personales. Así, pierde institucionalidad el sistema al tiempo que los gobiernos provinciales y municipales asumen más responsabilidades de prevención y seguridad pública. Redes horizontales de cooperación, transferencia condicionadas y transparentes (al estilo de México o Brasil), pueden ser sólo una respuesta parcial. Los gobiernos locales deben ser reconocidos como actores protagónicos del sistema de seguridad pública.

En el contexto de crisis emergente con crecimiento del crimen y la violencia, ante las amenazas autoritarias y las dificultades del sistema político para canalizar las demandas emergentes, se abre la posibilidad para generar nuevos acuerdos más amplios para saldar deudas en seguridad.


Martín Appiolaza (@MartinAppiolaza) es Magíster en Política y Planificación Social. Docente de postgrados. Director de Prevención, Participación y Derechos Humanos de Godoy Cruz. Ha trabajado en América Latina y el Caribe con gobiernos y organismos internacionales. VER MÁS.