Juntos, ¿a la par? : La experiencia de la COVIAR para la vitivinicultura argentina

Por Gabriel Alejandro Orozco* |


En los últimos años, las políticas de desarrollo productivo (PDP) han vuelto a la escena académica y política latinoamericana, especialmente de la mano de las asociaciones público – privadas (APP). En este marco, desde diciembre del año pasado la vitivinicultura argentina se encuentra bajo un nuevo marco orientador, el Plan Estratégico Vitivinícola 2030 (PEVI) implementado por una APP particular, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). Al analizar la experiencia de esta entidad hasta el presente pueden extraerse varios aprendizajes que sirven de plataforma para que una economía regional tan relevante como la ligada al vino pueda consolidarse en los próximos años como clúster en el contexto de la bioeconomía nacional.


La COVIAR nació en tiempos convulsos, pues surgió hacia 2004 como producto de un esfuerzo colectivo y participativo de planificación estratégica estimulado por un grupo de bodegueros pioneros desde el 2001. Dicho trabajo, que contó con la coordinación del INTA y quedó plasmado en el PEVI 2020 y en la Ley Nacional Nº 25.849, buscó mejorar la estructura y desempeño de la actividad vitícola local ante un escenario internacional de alta competencia, proteccionismo y poder de los distribuidores. Así, mientras que el PEVI se constituyó en una PDP liderada por la demanda del sector privado, de alcance sectorial y orientada a proveer bienes públicos, la Corporación tuvo la misión de generar los consensos necesarios para implementar el plan y asegurar sus resultados.


Para llevar a cabo sus objetivos se dotó a la Corporación de un andamiaje jurídico sólido, una estructura de trabajo flexible y un esquema de financiamiento permanente. En cuanto a su organización, se optó por una gobernanza público - privada, que decide estratégicamente en base al consenso, que discute las necesidades del sector participativamente y que lleva adelante sus proyectos a través de unidades ad hoc. Con relación a su gestión financiera, se estableció una contribución obligatoria hacia los productores vitícolas, complementada con fondos de particulares y de organismos oficiales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por último, se instauró un sistema profesional de gestión de proyectos y una instancia de rendición de cuentas anual y pública conocida como “Desayunos COVIAR”. Cabe destacar que todo ello es fruto de un aprendizaje institucional que parte de la transformación productiva de la provincia de Mendoza en la década del ’90.


A lo largo de una década y media, este andamiaje institucional implicó el desarrollo de capacidades públicas y el logro de destacables resultados. En primer lugar, la Corporación construyó capacidades TOP (técnicas, organizacionales y políticas) en base, entre otros, a su personal especializado, al carácter participativo de sus discusiones, a su flexibilidad organizacional y a su carácter como nodo entre el gobierno y las empresas. En segundo lugar, esta entidad ha sabido proveer a toda la cadena vitivinícola con información y herramientas (financieras, técnicas y organizativas), ha podido incrementar el poder negociador de las provincias vis a vis las autoridades nacionales y ha logrado cimentar una política de Estado dedicada al análisis, formación de agendas y actuación política estratégica.


De forma paralela a los progresos, persisten una serie de desafíos estructurales al interior de la entidad que amenazan con minar su efectividad y su continuidad. Para empezar, la COVIAR no integra a todas las asociaciones, sindicatos o firmas del sector y ha observado retiradas en el último lustro, lo que le resta representatividad y credibilidad. Otro punto de tensión lo constituye la toma de decisiones y los resultados, pues hay entidades de pequeños productores que han postulado que la Corporación ha sido víctima de la captura de las grandes firmas y que ha contribuido a profundizar problemas como la concentración productiva. Un último punto de disputa está vinculado a la misión institucional de la entidad, especialmente entre las firmas orientadas al comercio exterior y las abocadas al mercado interno. Si bien la mayoría de los integrantes de la APP coinciden en que ha sido creada para discutir temáticas macro y de largo plazo, otros buscan que represente corporativamente al sector ante el Estado.


En vista de la experiencia previa, existe un futuro promisorio para el mejoramiento de la competitividad internacional, la innovación y la sostenibilidad de la vitivinicultura argentina a través de la colaboración público – privada. La actuación de la COVIAR permite constatar que puede proveer a los actores de mejor información y coordinación, del acceso al financiamiento estratégico y de plataformas para la integración productiva. Sin embargo, también es una muestra de la necesidad de un proceso más participativo, con mayor articulación en los altos niveles de decisión política y con consenso acerca de su misión. Más allá de la incertidumbre del COVID, el carácter participativo del nuevo PEVI 2030 y el avance de la agenda de la bioeconomía en el país ofrecen oportunidades para aprender del pasado y actuar prospectivamente con una mirada más holística. Las semillas están sembradas para avanzar hacia resultados perdurables y compartidos.

Gabriel Alejandro Orozco es un analista político enfocado en explorar las dinámicas de la innovación, la sustentabilidad y la cultura a nivel local e internacional. Tiene formación de grado en Ciencia Política y de Gobierno (UCES) y actualmente se encuentra realizando la Maestría en Política y Economía Internacionales (Universidad de San Andrés). Apasionado por resolver problemas complejos, busca ayudar a gobiernos, firmas y sociedad civil a navegar con éxito a través del escenario actual.