En pos de un modelo de desarrollo sustentable de y para la Argentina

Por Elisabeth Möhle* |


Vivimos tiempos de enormes desafíos. La pobreza, las desigualdades, la globalización, los discursos de odio, la precarización, hay múltiples frentes donde nuestras sociedades deben trabajar duro para continuar el tránsito hacia garantizar mejores condiciones de vida a todos y todas.


Pero hay un desafío que acaso sea el más fundamental y el más global de todos y es el que respecta a la conservación de la posibilidad de la vida humana sobre el planeta Tierra. En ese sentido, re-enmarcar nuestras sociedades y nuestras economías dentro de las capacidades de sostenimiento del planeta es urgente. Esta tarea es global y geopolítica, pero también es nacional en tanto que garantizar el derecho constitucional al ambiente sano a todos los habitantes de la Argentina aún es una deuda.


garantizar el derecho constitucional al ambiente sano a todos los habitantes de la Argentina aún es una deuda.

Las problemáticas ambientales de nuestro país son muchas y muy variadas, van desde los 5000 basurales a cielo abierto, pasando por los pueblos fumigados, las especies y ecosistemas en peligro de extinción, la falta de medidas de adaptación al cambio climático y la escasa proporción de energía renovable que generamos, entre otras. El denominador común entre todas ellas es la ausencia de sentido de urgencia en gran parte de la sociedad y, fundamentalmente, en la dirigencia política, lo que resulta en la falta de jerarquización de la cuestión ambiental y la consecuente carencia de políticas públicas que aborden los problemas señalados de manera integral y eficaz.


En consecuencia, la política ambiental de nuestro país tiene algunos exponentes tristemente célebres como es el caso del Riachuelo que lleva años sin resolverse, pese a los fallos judiciales y el establecimiento de organismos interjurisdiccionales. Y no juega solo la incapacidad política sino la falta de un consenso social acerca de que la situación en torno al Riachuelo es inaceptable, tanto en términos de las condiciones de vida de quienes habitan a sus orillas, como de la calidad ambiental de nuestros ríos y las formas de producción en nuestro país.

En contraposición, (si bien hay muchos aspectos a mejorar en su implementación) la ley nacional de bosques nativos es un estandarte de una política ambiental de desarrollo sustentable. La norma surge a partir de la articulación virtuosa entre todos los actores. Fue un proceso donde jugó desde la presión de las poblaciones afectadas, la visibilización y fortaleza técnica de las organizaciones de la sociedad civil, la decisión y la voluntad política, la cooperación del sector privado hasta la movilización de la opinión pública. Una sociedad entera trabajando en función de una política pública que permita producir y conservar el ambiente al mismo tiempo.

Necesitamos muchas más políticas ambientales con el carácter de la ley de bosques. Donde al sector productivo se le exigen altos estándares ambientales y sociales, pero no se construye en oposición a él, sino integrándolo como un actor clave para la generación de empleo de calidad, producir, exportar y así reducir la pobreza y la desigualdad. Donde la creciente consciencia de consumidores y ciudadanos, fomentada por el trabajo y la militancia de los diferentes espacios ambientales tiende hacia hábitos más sustentables y presiona a los demás actores hacia prácticas productivas con menor impacto ambiental.


En este escenario el rol del Estado es fundamental en proponer la visión, la utopía, de un gran Acuerdo Verde donde el ambiente y la economía se basen en un modelo inclusivo, y a la vez diseñar las medidas concretas que nos lleven hacia su realización. Entre esas políticas específicas debemos encontrar, por ejemplo, i) un plan de transición energética que no ignore las restricciones que enfrenta el país pero que a su vez esté a la altura del desafío que presenta el cambio climático; ii) una estrategia integral de economía circular, que reduzca la producción y el consumo de materiales no degradables, fomente el reciclado, e imponga la gestión inteligente de los residuos generados; y iii) un ordenamiento del territorio que permita el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales.


debemos encarar una discusión social amplia y continua que permita sentar las bases y los consensos necesarios para definir qué modelo de desarrollo sustentable queremos los y las argentinas para nuestro país y así por fin acelerar el paso en esa dirección

Para esto no hay recetas establecidas, no hay ningún país en el mundo que ya haya resuelto satisfactoriamente la tensión economía vs. ambiente al que podamos imitar. Por eso debemos encarar una discusión social amplia y continua que permita sentar las bases y los consensos necesarios para definir qué modelo de desarrollo sustentable queremos los y las argentinas para nuestro país y así por fin acelerar el paso en esa dirección.



Elisabeth Möhle es analista de Política Ambiental, Licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y doctoranda en Ciencia Política en UNSAM. VER MÁS.