El falso dilema entre propiedad privada y derecho a la vivienda


Por Eugenia González Pertega*


Las tomas en Guernica comenzaron el pasado 20 de Julio, y de hecho así le pusieron de nombre a uno de los barrios. El Gobierno bonaerense censó 2127 viviendas precarias, donde hubo instaladas 1300 familias y unos 2800 menores. Algunas más sofisticadas, de madera y chapa, y otras muy pobres con nylon y cartones, que ni siquiera soportan lluvias, y menos bajas temperaturas. Condiciones realmente adversas.


Frente a consultas efectuadas, la mayoría aseguró estar allí acorralados por la desocupación, una situación económica desesperante y la imposibilidad de afrontar un alquiler. Todo agravado por la pandemia. Solo 494 admitieron tener un trabajo, unos 271 refirieron ocupaciones informales y 1800 aseguraron no contar con ningún ingreso fijo.


En medio de un panorama social complejo, aparecieron órdenes judiciales de desalojo, hasta que finalmente se llevó adelante el operativo el pasado 29 de Octubre. Las familias instaladas han recibido el apoyo de agrupaciones de izquierda, que incluso se movilizaron para evitar la medida judicial, argumentando “por el derecho a tierra y vivienda”, avivando la llama del proyecto de expropiación y edificación.


Sin embargo, la idea del Gobierno, a esta altura la posibilidad más viable, es reubicar a las familias de acuerdo al último paradero anterior a la toma. Por su parte, con el correr de los días, se alzaron los habitantes de Presidente Perón, que hasta amenazaron con dejar de pagar los impuestos si no se desalojaba la toma.


Por eso, entre los que pedían la expropiación del predio y los que apostaron al desalojo de la toma, la solución del gobierno habría sido la más adecuada. La provincia afirma haber acordado con más de 500 familias el desalojo pacífico, a cambio de mejoras de infraestructura en sus viviendas de origen.


Sin embargo, la disputa está planteada entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda. En el medio, aparecen las mejoras habitacionales en sus residencias previas, que garantiza a los dueños de campos de Guernica recuperar sus tierras y a las familias comenzar un plan de asistencia habitacional, que implica mejorar las condiciones (y, consecuentemente, acceder a su tenencia mediante un plan de pago).


Parecería ser, en este sentido, la toma de Guernica una excelente oportunidad para que el Gobierno pueda dar una imagen distinta respecto a la propiedad privada, pues un amplio sector de la sociedad pensó que se avanzaría con la expropiación, a pesar del frustrado intento de Vicentin.


De aquí en adelante, se comenzarán proyectos de reurbanización, que implican un activo protagonismo de parte de las familias beneficiadas. A partir de herramientas de consulta, se convierten en interventores de sus propias mejoras habitacionales, asumiéndose como sujetos de derechos. Caso contrario, la relocalización como tal –sin consulta-, simplemente los cristaliza como objetos de tutela de estrategias del Estado.

Siguiendo esta línea, la relocalización los priva de las redes de apoyo con las que cuentan. Estas políticas muchas veces llevan a la disolución de muchas familias, que parten a diversos destinos, siendo asignados a complejos habitacionales que generalmente no toman en cuenta los vínculos de parientes. Por último, se pierde el contacto con las instituciones de salud, judiciales, educativas y organizaciones sociales barriales conocidas. Se deja de formar parte, teniendo que comenzar nuevos ciclos en las nuevas instalaciones que, en muchos casos, se demora en construir este tipo de organismos.

Se los moviliza a campos ya trabajados y diseñados en consonancias con proyectos generalmente inconsultos. Resultan objetos de estrategias políticas ya que, acallando sus voces, no forman parte activa de la transformación cultural. Se los convierte en una pieza política que lo que intenta es demostrar la resolución de un conflicto en materia de derechos. Este argumento podría aplicarse en el caso de Guernica, dado que la exposición política del episodio genera la urgencia del Estado de dar respuesta a una demanda mediática. Se terminaría priorizando la opinión general de la población respecto a la cuestión, más que la totalidad de necesidades que enfrentan los ex habitantes del predio.

La creación de viviendas per se no es garantía de derechos. En cambio, el desarrollo del capital social en sus lugares de origen permite la elaboración de una mejora habitacional, que implica a la comunidad en su conjunto. La construcción de un hábitat va más allá de la materialidad física. Lo primordial son las redes de vinculación, que los convierten en protagonistas, en lo relativo a su propio desarrollo integral.


*Eugenia es estudiante de Psicología (adeuda defensa de tesis). Está cursando la maestría en Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. Trabaja en la Dirección de Desarrollo Familiar de la Vicejefatura de Gobierno (GCABA).


**Este artículo se escribió en el marco de la materia "Diseño e Implementación de Políticas Públicas en Argentina" de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Torcuato Di Tella.

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