¿El Consejo Económico y Social sirve para construir un gran acuerdo nacional post-pandemia?

Por Juan Von Zeschau* |


En Argentina hay consenso sobre la necesidad de consenso. Por eso, Alberto Fernández, ya durante la campaña del año pasado (y posteriormente en la apertura de las sesiones legislativas), anunció su intención de crear el Consejo Económico y Social (CES) con el fin de construir políticas concertadas y superadoras del conjunto. Si bien la crisis sanitaria cajoneó el proyecto temporalmente, el interés por constituir un CES se mantuvo en la agenda pública. Sergio Massa, por ejemplo, declaró que había que crear el organismo para pensar allí en diez políticas de largo alcance, e incluso dirigentes opositores como Mario Negri reclamaron su constitución inmediata. El periodismo de ambas orillas de la grieta también se hizo eco de esas declaraciones, y tanto Mario Wainfeld en Página 12 como Claudio Jacquelin en La Nación han expresado la importancia de tener un espacio de diálogo social como es el CES. A los pedidos del periodismo se sumaron las presiones corporativas de la SRA y la UIA, entre otros actores de peso. Así, el pleno del círculo rojo parece estar de acuerdo en torno al CES, al cual se lo ve como plataforma de elaboración de grandes pactos sociales. Las voces en contra fueron excepcionales: solo Juan Carlos Schmid, exsecretario general de la CGT, se opuso rotundamente a la creación del organismo.


En suma, a pesar de su postergación, las expectativas alrededor del CES son enormes. Según quién hable el CES servirá para elaborar Pactos de la Moncloa criollos, pensar políticas de Estado o resolver las diferencias entre los argentinos. Ahora bien, más allá del acuerdo mayoritario acerca de la importancia del diálogo social y el consenso alrededor de metas comunes (objetivos tan loables pero tan vacuos que, seguramente, todos los argentinos estemos de acuerdo en ellos): ¿de qué consenso hablamos? Y, en todo caso, ¿puede colaborar realmente el CES con la generación de un acuerdo social amplio?


Ante la primera pregunta existen demasiadas respuestas. Habermas diría que el consenso es posible a través de la acción comunicativa: mediante el diálogo entre opuestos, las narrativas sectoriales pueden convertirse en grandes relatos globales, que propongan objetivos amplios para toda la sociedad. Chantal Mouffe, por el contrario, respondería que los consensos son conflictuales, es decir, el consenso siempre implica la imposición de un relato hegemónico que acalla, aunque nunca de forma definitiva, los discursos subalternos. En ese sentido, el consenso es, para la autora, un acto de violencia. Ahora bien, nosotros, ¿en qué idea de consenso estamos pensando cuando hablamos de consenso?


Ahora bien, contestemos a la segunda pregunta: ¿puede colaborar realmente el CES con la generación de grandes acuerdos? Depende. Las experiencias internacionales del organismo son muy variadas y nunca hay un CES igual a otro. Su perfil es, definitivamente, incierto. El Sociaal Economische Raad (SER) holandés es un consejo que promovió acuerdos históricos en materia de políticas públicas en aquel país. No obstante, el Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) es un organismo consultivo con un rol marginal en la vida política brasileña. En algunas experiencias, incluso, el CES tuvo un papel tan irrelevante que implicó su disolución. Es el caso del CES italiano, el cual, luego de ser tildado de inútil por Matteo Renzi, fue eliminado por decreto en 2014.


Sin embargo, para calibrar mejor cuál puede ser la utilidad del CES en Argentina no debemos irnos tan lejos. En nuestro país existen múltiples CES a nivel provincial e incluso el GCBA tiene uno en funcionamiento desde hace una década. Ahora bien, ¿cuántos ciudadanos porteños saben lo que hace su propio CES? Sin despreciar sus tareas, estas parecen ser, cuanto menos, bastante silenciosas.


Lo dicho no implica que el CES sea inútil, aunque tal vez haya que moderar las expectativas sobre su rol. A mediados del siglo XX, tanto en Europa occidental como en gran parte de Asia o Latinoamérica (no olvidemos las valiosas contribuciones del CES argentino al primer Plan Quinquenal), los CES sirvieron como una suerte de “cámara económica” que estableció un diálogo y complementó las decisiones de la cámara parlamentaria y el poder ejecutivo. En ese sentido, los CES fueron parte del andamiaje institucional del capitalismo coordinado y aún hoy, en muchos países, cumplen una función importante.


En la actualidad, pese a que el organismo se caracteriza por su perfil incierto, la mayoría de los CES contemporáneos son organismos de consulta legislativa, es decir, que su competencia principal es la de favorecer una legislación negociada entre el Estado y las organizaciones corporativas, en particular, empresarios y sindicatos. Con ese fin, los CES, como plataforma de representación de las corporaciones socioeconómicas, emiten dictámenes no vinculantes sobre proyectos de ley determinados. Este es el modelo clásico y predominante a nivel mundial.


Por el contrario, el modelo de CES productor de pactos sociales es muy minoritario: puede encontrarse solamente en Austria, Bélgica, Holanda, o en los países escandinavos. Estos CES son un lugar de encuentro para el intercambio político, con el fin de acordar políticas a largo plazo. Al parecer, según las declaraciones de los dirigentes políticos y sociales argentinos, se espera que nuestro CES adopte esta función concertadora. ¿Será posible? ¿O aspiraremos a una función de consulta legislativa, más humilde, pero más habitual?

Asimismo, hay otro punto candente. A pesar de las loas al consenso y a la inclusión de “todos los argentinos” en el CES, los asientos a ocupar en el organismo son necesariamente limitados. Entonces, habrá que encarar la tarea poco feliz de definir quién queda adentro y quién afuera. Quizá nos sirva observar lo que ocurre en otras experiencias internacionales. La mayoría de los CES actuales son bipartitos, esto quiere decir que el gobierno es excluido de ellos, y solo participan representantes del capital y el trabajo. Por supuesto, además de empresarios y sindicalistas, suele haber miembros de otros sectores, como la economía social, los consumidores o las universidades. El CES francés, por ejemplo, es hiperrepresentativo: participan en él 233 miembros e involucra a artesanos y a grupos de defensa del inmigrante, entre decenas de otros colectivos. También hay experiencias elitistas: el CES austríaco solo incluye a 8 representantes sindicales y a 8 empresariales, todos ellos de enorme poder. En el caso del CES argentino, ¿quiénes participarán? La UIA, la AEA y la CGT parecen tener su asiento asegurado, según las últimas reuniones convocadas por Gustavo Béliz. Pero, ¿el resto de las organizaciones, como la CTEP o, incluso, las diferentes iglesias? Daniel Arroyo, preocupado por esto, ha dicho reiteradamente que el CES debe incluir a los movimientos sociales. Así, el debate acerca de qué tan amplio es el consenso, todavía está abierto.


Desde luego, todos estamos de acuerdo con la necesidad de construir concertadamente objetivos comunes, pero todo se vuelve más difícil cuando debemos afinar el lápiz. En el caso particular del CES, discutir sobre la letra chica del organismo sirve para moderar las expectativas acerca de lo que puede y, sobre todo, no puede hacer el organismo. Seamos claros: ningún CES hace magia. La institución no es la piedra filosofal del desarrollo argentino ni un organismo que resuelva nuestros antagonismos socioeconómicos históricos. Esto no significa que los CES sean inútiles: en la posguerra permitieron construir valiosas concertaciones sociales y moderar la conflictividad interclasista, y en los países del norte europeo siguen siendo instituciones estratégicas. Incluso, en nuestro país, el peronismo lo utilizó exitosamente para acordar políticas con el capital y el trabajo en torno a planes de gran escala. En suma, el CES argentino puede ser, en un extremo, un simple adorno institucional o, en el extremo contrario, un espacio de concertación de políticas de largo plazo. O, tal vez, el CES argentino sirva para negociar ciertas leyes con actores corporativos y para, también, hacer más transparente la influencia de los poderes fácticos en las decisiones públicas. Y esto último, aunque menos grandilocuente que un “gran pacto social”, puede ser un paso adelante en el fortalecimiento de nuestra democracia.

Para un mayor desarrollo del tema, ver aquí: https://publicaciones.inap.gob.ar/index.php/CUINAP/issue/view/46

*Juan Von Zeschau. Licenciado en Ciencia Política (UBA), Magister en Administración Pública (Universidad de Alcalá de Henares), Doctorando en Ciencias Sociales (Universidad de Granada). Investigador (INAP) y docente (UBA-UNLa-USal). Autor de la novela "Fuego amigo". VER MÁS.