El cambio climático como problema de seguridad internacional

Por Marcos Barata Cambria* |


Con el fin de la Guerra Fría y los inicios de la globalización, comenzaron a surgir diversas demandas y problemáticas que un Estado no puede resolver de manera independiente. De aquí surge el concepto de seguridad internacional: los aparatos de seguridad nacional no tienen la capacidad de manejar por su cuenta las demandas de la naturaleza y de otras actividades y, por lo tanto, llama a la cooperación entre Estados. Se produce una situación en la que los problemas de seguridad de un Estado no se pueden considerar sin tener en cuenta los de los otros.


Según diversos representantes y miembros de las Naciones Unidas, uno de los problemas actuales que amenaza más fuertemente la seguridad internacional es el cambio climático: la variación significativa en los componentes del clima cuando se comparan períodos prolongados, pudiendo ser décadas o más. Desde los últimos años del siglo XIX, la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado más de 0,6ºC y continúa en aumento. Esto se ve vinculado al proceso de industrialización iniciado hace más de un siglo y, en particular, a la combustión de cantidades cada vez mayores de petróleo y carbón, la tala de bosques y algunos métodos de explotación agrícola. La inseguridad alimentaria, el problema de acceso a los recursos básicos tales como el agua, los desastres naturales que destruyen viviendas y las grandes olas migratorias son tan solo algunos de los efectos que genera el cambio climático en la humanidad. Es por esto que la ONU considera la problemática ambiental como un área a trabajar en la seguridad internacional: los países deben cooperar para combatir la degradación ambiental, la falta de recursos, los desastres naturales y la contaminación.


A raíz de la coyuntura climática, se firmaron diversos acuerdos en busca de una cooperación internacional para combatir el cambio climático y abogar por un desarrollo sostenible. En 2015, la ONU lanzó la Agenda 2030, en la cual se disponen 17 objetivos a lograr para el año 2030, entre los que se encuentran alcanzar la seguridad alimentaria, igualdad de género, asegurar la disponibilidad de agua, el acceso a energías renovables y sostenibles y tomar acción urgente contra el cambio climático. En el mismo año, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático firmó el Acuerdo de París, que luego fue avalado por un total de 125 países. Este acuerdo une a los Estados parte, por primera vez, bajo una misma causa: evitar el aumento de la temperatura de la superficie terrestre y asegurarse de poseer todos los recursos necesarios para combatir los efectos del cambio climático. Para 2021, se prevé que entre en vigor en América Latina el Acuerdo de Escazú. Actualmente, se encuentra ratificado por 12 países, incluyendo Argentina que se unió a la ratificación en septiembre del 2020. Este acuerdo busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, contribuyendo a un desarrollo sostenible.


Uno de los desafíos climáticos de mayor magnitud a los que se enfrenta la comunidad global es el acceso al agua potable. Datos de la ONU establecen que 2.000 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura, 297.000 niños menores de cinco años mueren cada año debido a enfermedades causadas por agua no potable y el 75% de todas las extracciones de agua industrial se utilizan para la producción de energía. En base a esto, en 2010 se declaró el acceso al agua y al saneamiento como derecho humano.


Actualmente, la Argentina se ve afectada por dos grandes problemas relacionados al agua: la falta de acceso a agua potable y saneamiento y los impactos de extremos climáticos tales como inundaciones y sequías. Datos del 2015 arrojan que, del total de 44.223.462 habitantes del país, el 87% tiene acceso a agua potable y sólo el 58% tiene cobertura cloacal, por la cual hay un gran atraso en esta materia en nuestro país. A raíz de esta problemática, en 2017 el gobierno nacional lanzó el Plan Nacional del Agua (PNA), que tiene por objetivo establecer un pacto entre el Estado, las provincias y los diversos sectores de la sociedad para establecer políticas públicas y lograr la cobertura universal de agua potable, la provisión de saneamiento a la población y la reducción de la vulnerabilidad de las personas ante los extremos climáticos. Hoy en día pasó a denominarse Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PNAPyS) y establece como objetivo para el año 2023 alcanzar el 100% de cobertura en agua potable y el 75% en cloaca en las áreas urbanas del país.


Luego de un año en que la agenda nacional se enfocó en la crisis sanitaria del COVID-19 y sus repercusiones económicas, el gobierno retomó la problemática ambiental participando a fines del 2020 en la Cumbre de Ambición Climática. En la misma, el presidente Alberto Fernández destacó que “el cambio climático es una realidad que está afectando a la humanidad en su conjunto y que requiere una acción inmediata y coordinada de los líderes de todo el mundo”, y remarcó que la Argentina se compromete al desarrollo sostenible y a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Sin embargo, el país sigue atravesando las complicaciones de la pandemia y no parece darle especial foco al cambio climático más allá de promesas y objetivos a largo plazo; por otro lado, sumado al problema del agua, en el año 2020 más de trece provincias sufrieron incendios forestales que destruyeron miles de kilómetros cuadrados, por lo que la situación climática en el país debería ser considerada de mayor preocupación y como una grave amenaza a la seguridad nacional.


Es importante considerar al cambio climático como un problema de seguridad internacional y que los Estados actúen y cooperen para combatirlo. Si bien se han firmado diversos acuerdos internacionales y regionales, entre los que participa la Argentina, y a nivel nacional se disponen planes de acción y políticas públicas para solucionar la problemática ambiental, se está lejos de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y que el cambio climático deje de ser una amenaza a la seguridad y a la humanidad. Con la situación del COVID-19, en Argentina la problemática ambiental quedó apartada y de a poco está retomando espacio en la agenda, por lo que es clave considerar de qué forma la Argentina enfrenta el cambio climático y cómo inserta la problemática en su política exterior en un escenario post pandemia. Por esto es crucial reflexionar sobre la coyuntura climática de nuestro planeta y luchar para que los Estados trabajen en conjunto para alcanzar un desarrollo sostenible.

*Marcos es estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, es agente de cambio en el Departamento de Investigación y Política Socio-Ambiental de Eco House. VER MÁS