¿Cuántos estudiantes dejarían la escuela en Argentina a causa del COVID-19?

Por Agustín Claus* |


Las discusiones respecto de los efectos y consecuencias que el COVID-19 traerá aparejado para la educación están comenzando a asomarse y posicionarse sobre la agenda pública. Dos temporalidades se ponen en juego: los efectos inmediatos y los futuros. El principal efecto inmediato (que pre-ocupa) consiste en la magnitud de la interrupción de la continuidad pedagógica. En Argentina, la desigualdad socioeducativa resulta notoria y se requiere impulsar políticas públicas en clave de justicia social.


Uno de los principales desafíos educativos consiste en la disponibilidad de mecanismos de planeamiento e información a gran escala. Dado que la información disponible a nivel nacional es muy escasa, se restringe el margen de acción estatal eficiente e inteligente. El Estado Nacional tiene un rol clave para impulsar políticas efectivas que atiendan las desigualdades. Por su parte, las jurisdicciones provinciales tienen que promover criterios objetivos que permitan una mejor utilización de los recursos.


El desafío consiste en dimensionar la magnitud del efecto que el COVID-19 tendrá en la continuidad pedagógica y el regreso a clases de cara a la pos pandemia. Tres interrogantes se plantean: ¿cuántos estudiantes abandonarían la escolarización en Argentina por el COVID-19?, ¿cuál sería el impacto en las jurisdicciones provinciales? y ¿qué políticas educativas deberían priorizarse con los recursos?.


La Medición, visibilizar la urgencia

Howard Becker[1] encomendó a los cientistas sociales utilizar datos, pruebas e ideas con seriedad y rigor metodológico para el desarrollo de las investigaciones. Siguiendo su recomendación, empecemos por lo importante: la metodología del cálculo para abordar la magnitud de esta problemática. Spoileamos los resultados: la estimación resulta conservadora y presume un impacto de mínima.

Para estimar la magnitud de los estudiantes que se desvincularían se consideraron tres elementos de fuentes oficiales del Ministerio de Educación de la Nación: 1) el total de estudiantes (matrícula) de la educación común para abril del año 2019. Esto conforma el universo sobre el cuál se aplica el cálculo de desvinculación de los estudiantes; 2) el total de estudiantes que estuvieron inscriptos en el año 2017 pero que no asistieron en el año 2018 (abandono interanual). Este indicador considera la estructura provincial vigente y es el último dato disponible (ya que no se cuenta con información de 2020) y 3) el porcentaje de la frecuencia de comunicación de la escuela con las familias y niñes durante el período según tipo de gestión (estatal y privada) y ámbito de localización (urbano y rural). El porcentaje contemplado como “pérdida de estudiantes” surge de la categorización “una vez al mes o menor frecuencia” y “dos o tres veces por mes”.


Los resultados arrojan que a nivel nacional cerca de 1,5 millones de estudiantes se verían desvinculados de la escolarización en Inicial, Primaria, Secundaria y SNU de la Educación Común de ambos tipos de gestión escolar y ámbito.

Como se observa, el impacto en la exclusión escolar representa una magnitud heterogénea entre las jurisdicciones provinciales. La cantidad de estudiantes que se desvincularían estaría incidida por tres aspectos considerados: 1) el tamaño y escala del total de estudiantes en cada jurisdicción provincial; 2) porcentaje del abandono interanual y 3) la desvinculación como efecto del impacto COVID-19 en el período. Dos aspectos que también serán importantes serían: 1) estudiantes inscriptos a comienzo del ciclo lectivo 2020 (que no se dispone de información) y 2) traspaso de matrícula de gestión privada a la gestión estatal. Estos dos efectos no contemplados agravarían la magnitud de la estimación realizada.


Las tres jurisdicciones provinciales que mayor impacto registrarían son Buenos Aires (527.646), Córdoba (113.468), Santa Fe (107.788.) y Ciudad de Buenos Aires (83.358). La magnitud de estudiantes de estas provincias representaría cerca del 60% del total nacional. Un segundo grupo de provincias se agrupa entre un rango de 50.000 y 60.000 estudiantes con riesgo de desvinculación: Misiones (51.300), Chaco (52.200), Salta (55.840), Tucumán (56.253) y Mendoza (61.400). Con este grupo de provincias la magnitud ascendería al 76% del total país. Finalmente, las 15 jurisdicciones provinciales restantes presentan una dispersión que ronda entre 5.000 y 40.000 estudiantes.


Una de las principales consecuencias incuestionables de los múltiples efectos del COVID-19 refiere a la exclusión escolar en Argentina. Esta medición conservadora y de mínima, debido a que no se contemplan dos aspectos señalados, plantea la magnitud para visibilizar la urgencia que comprometa el accionar del Estado a través de políticas públicas efectivas e inteligentes. El ámbito de discusión y debate tiene que ser con representación federal entre la nación y las jurisdicciones provinciales, considerando como prioridad a los estudiantes excluidos para recuperar su vinculación e inclusión que garantice el derecho social y efectivo a la educación.


La pospandemia, priorizar las políticas y los recursos

La gobernabilidad de la educación en Argentina se configura sobre un esquema federal y descentralizado. Como se evidenció y sistematizó, el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales impulsaron respuestas entre la urgencia y el ensayo para promover las condiciones de continuidad pedagógica, sosteniendo los lazos entre las escuelas y los docentes por las vías posibles de comunicación con los estudiantes y las familias.


La prioridad educativa está planteada. Resta orientar el accionar del gobierno que permita convertir las respuestas en políticas públicas educativas. Las necesidades y prioridades implicarán una distribución de los recursos entre las jurisdicciones provinciales que las reconozcan.


Es el momento oportuno para establecer las prioridades de políticas que orientan la construcción y recuperación de cara a la pospandemia. Planificar y diseñar las políticas educativas que reconozcan las necesidades y las desigualdades educativas exige establecer criterios objetivos que las reflejen como parámetros para asignar los recursos. La vinculación entre las políticas y los recursos resulta crucial para la implementación y para que, además de hacerlas factibles, posibiliten desplegar el mayor potencial de impacto en la búsqueda de justicia social y educativa.


Ante la pregunta de qué hacer y por dónde comenzar la reconstrucción de la educación argentina, las conceptualizaciones teóricas de justicia social planteada por François Dubet[2] y las nociones de reconocimiento y redistribución de Nancy Fraser[3] aportan una concepción para la construcción de políticas de Estado.

Tres grandes ejes ordenarían las políticas educativas y la planificación de los recursos: 1) Condiciones edilicias y sanitarias de las escuelas: antes del regreso a clases, habrá que generar espacios escolares seguros y sanitarios, equipar, refaccionar y ampliar en función de la organización institucional; 2) Inclusión educativa: políticas de acompañamiento a las trayectorias escolares de los estudiantes, desplegar a nivel territorial la búsqueda de los estudiantes para promover su la revinculación escolar, proveer de estipendios y becas significativas que le permitan sobre todo a los jóvenes y adultos la posibilidad de finalizar el nivel secundario y superior; 3) Tecnologías y recursos digitales: el acceso a los recursos tecnológicos es urgente y hay que pensar alternativas complementarias: provisión de equipamientos, conectividad liberada como derecho esencial, recursos digitales accesibles públicos y gratuitos y plataformas que permitan la vinculación sincrónica y asincrónica para el proceso de continuidad pedagógica para todos los estudiantes del país.


La medición de la exclusión escolar en Argentina por el COVID-19 expuso con una crudeza inmoral los déficits persistentes de la educación. El compromiso y la responsabilidad de los docentes, equipos directivos, auxiliares, instituciones educativas, representantes gremiales y la comunidad educativa se evidenció como nunca en los tiempos de respuestas ante la urgencia.


De cara a la pospandemia, le corresponde al accionar del Estado nacional y provincial superar la instancia de respuestas y construir políticas públicas concretas, que prioricen las políticas educativas con el financiamiento que las posibiliten.


Quizás, esta coyuntura que desgarra y conmueve por los evidentes pendientes, permita convertir a la Educación no sólo en retórica sino en la construcción de política de Estado en el inmediato plazo, posibilitando el derecho social a la educación de todos, todas y todes los estudiantes del país.

[1] Howard Becker (2018). Datos, pruebas e ideas: por qué los científicos sociales deberían tomárselos más en serio y aprender de sus errores. Siglo XXI, Argentina.[2] François Dubet (2011). Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades. Siglo XXI, Argentina. [3] Nancy Fraser (1995). ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era «postsocialista».

Agustín Claus es especialista en políticas y economía de la educación Argentina. VER MÁS