Crisis climática, desigualdad y la organización como respuesta


Por Daniela Vilar*

Un mundo cada vez más hostil y desigual. Las consecuencias del cambio climático cada vez peores. Los indicadores internacionales de concentración económica agravados como nunca.


El 22 de abril se celebró el Día Mundial de la Tierra o, en nuestra región, de la Pachamama. Sin embargo, a más de cincuenta años de ese primer intento de llamar la atención sobre la necesidad de una agenda ambiental, la situación hoy es mucho más urgente.


El 2019 fue el segundo año de mayor temperatura del que se tenga registro, cerrando así la década de mayores emisiones de la historia. En 2020 las emisiones de CO2 disminuyeron 5% por la pandemia, pero estamos lejos de las transformaciones que necesitamos para que la crisis no se vuelva inadministrable: ciudades enteras bajo el agua, sequías y temperaturas extremas.


En el mismo sentido, la pandemia que atravesamos, de origen zoónotico, no solo es un producto de la sistemática depredación del ambiente, sino que vino a agravar algunas de sus peores consecuencias. El coronavirus profundizó las desigualdades sociales y hundió en la pobreza a millones de personas. Pero además, presenciamos una clara disminución de la cooperación internacional, cuya expresión más escandalosa la vemos en el acaparamiento de las vacunas por parte de unos pocos países.


En este panorama, es una señal positiva la Cumbre de Líderes sobre el Clima que se desarrolló esta semana y en la que participaron 40 Jefes de Estado. El encuentro sirvió para darle un nuevo impulso a la agenda ambiental. Son buenas noticias el anuncio de Estados Unidos de recortar las emisiones de efecto invernadero un 52% para 2030, así como la ratificación del plan de China para avanzar más rápido hacia la neutralidad de carbono para el 2060. Entre estos dos países concentran más del 40% de las emisiones, por lo que es indispensable que ambos estén comprometidos en la lucha contra el cambio climático.


Nuestro país fue invitado especialmente a la Cumbre. En la reunión, Alberto Fernández fue claro en advertir que la crisis climática y la crisis social son dos caras de un modelo de acumulación que, además de injusto, es insostenible. Por eso la agenda ambiental internacional tiene que partir de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas entre los países, distribuyendo los esfuerzos de manera proporcional.


No alcanza con que los Estados más ricos se comprometan a disminuir su huella de carbono. Es necesario que los organismos internacionales garanticen recursos concesionales y no reembolsables para que los países más afectados por el daño ambiental puedan implementar planes de mitigación y contención. También tiene que estar sobre la mesa la compensación por el aporte al ecosistema que hacen los países al preservar sus bienes naturales y el canje de deuda por acción climática.


Argentina está comprometida a hacer su parte. Nuestro país anunció la elaboración de un Plan Nacional de Adaptación y Mitigación, a presentarse en la Cumbre de Glasgow en noviembre próximo. Entre los nuevos compromisos asumidos están elevar la Contribución Determinada Nacional (como se le llama a la pauta de reducción de emisiones de carbono que hizo cada país en el marco del Acuerdo de París) en un 27,7% respecto a la de 2016. Se va avanzar en el desarrollo de energía renovables con el objetivo de que lleguen a representar el 30% de la matriz energética nacional.


Esto se suma a una activa política ambiental que viene desarrollando el país, que se expresó en la aprobación de importantes normas como la Ley del Fuego, el proyecto impulsado por Máximo Kirchner para combatir los incendios especulativos, y la Ley de Educación Ambiental.


En el mismo sentido, el año pasado Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú, un convenio de Gobernanza Ambiental de Latinoamérica y el Caribe que garantiza el derecho a la información ambiental; el derecho a la participación ciudadana en el diseño de políticas ambientales; y el derecho a acceder a la justicia cuando estos u otros derechos ambientales son vulnerados.


El Acuerdo de Escazú es abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, pero hasta el momento solo 12 lo ratificaron. La ratificación de esta herramienta pionera en materia de protección y derechos ambientales con amplio apoyo en ambas Cámaras del Congreso es un signo de lo que ha avanzado la discusión en nuestro país. La agenda ambiental ocupa un lugar cada vez más importante en el debate público y Escazú garantiza derechos fundamentales que van a permitir un gran salto de calidad.


En línea con Escazú, esta semana lanzamos en la Cámara de Diputados el Foro Legislativo Ambiental, un espacio de encuentro entre legisladores y organizaciones ambientales, territoriales, militancias, expertos y diversos actores de todo el país para poner a discusión, bajo el paradigma de Gobierno Abierto, los desafíos que tenemos por delante desde el ambientalismo popular.


El foro es un dispositivo de participación inédito en la Cámara de Diputados, que tiene como objetivo la discusión pública orientada a la co-creación de Proyectos de Ley. Se trabajará sobre la base de las Propuestas de Ley y su objetivo será producir finalmente Proyectos en condiciones de ser presentados en comisión.


La participación supone un elemento fundamental de las políticas ambientales. Primero, porque involucrar más voces permite políticas con mayor legitimación. La intervención de la ciudadanía lleva a una apropiación de estas medidas y fomenta la presencia de actores y actoras dispuestos a llevar adelante los cambios necesarios. Segundo, porque la agenda ambiental es sumamente dinámica y la colaboración transversal es la mejor forma de poder estar a la altura de ese dinamismo. Finalmente, porque nuestro territorio es extenso y heterogéneo, entonces no podemos pensar políticas públicas ambientales sin representación federal.


La problemática ambiental viene tomando cada vez más espacio y relevancia pública. No hay margen para seguir degradando el planeta a partir de un modelo de explotación insostenible y desigual. No hay tiempo que perder para avanzar en transformaciones relevantes.


El Acuerdo de Escazú abre una oportunidad para empezar a pensar, con todos los sectores, una agenda ambiental que esté a tono con una coyuntura en la que el cambio climático es una realidad y las consecuencias del deterioro del planeta son evidentes.


Pero no se trata de cualquier agenda ambiental, sino de una agenda del ambientalismo popular, que esté dispuesta a avanzar en cambios estructurales. Nuestra mayor prioridad es revertir la desigualdad y construir un mundo sustentable e igualitario bajo el imperativo del buen vivir. Escazú es una herramienta que tenemos que llenar de contenido y sentido.


*Daniela es Diputada Nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Es Presidenta de la Comisión de Modernización Parlamentaria de la Cámara de Diputados y Vicepresidenta 2° de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales. Se especializa en temas ambientales y de Gobierno Abierto.

Es licenciada en Ciencia Política por la UBA y Magíster en Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés.

Entradas Recientes

Ver todo