Armas en tiempos de COVID-19

La pandemia de COVID-19 que se inició en la provincia china de Wuhan ha transformado al mundo en solo unos meses, generando múltiples incertidumbres y vulnerabilidades sobre el futuro. En países afectados por conflictos armados, violencia e inestabilidad, el acceso a la ayuda humanitaria y sanitaria es más urgente que nunca. En Yemen, por ejemplo, los más de 5 años de conflicto civil han dejado la infraestructura de salud en ruinas. De acuerdo al último informe de la ONU sobre Yemen, la crisis humanitaria nunca ha sido peor en ese país. La pandemia de COVID-19 puede llegar a causar una catástrofe aún peor.

Por eso, el llamado a un cese al fuego global realizado por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres el 23 de marzo último, tuvo el objetivo de crear condiciones más propicias humanitarias en lugares como Yemen o Siria. Desafortunadamente, este llamado no generó el apoyo inicial esperado de la comunidad internacional ni de las partes en conflicto y solo hace unas semanas el Consejo de Seguridad emitió una resolución por unanimidad al respecto.

El mensaje de Guterres era simple: ‘Silencien las armas, detengan la artillería, pongan fin a los ataques aéreos.’ Con más de 52 conflictos activos en 2018 y varias crisis humanitarias en curso como consecuencia de estos conflictos, el llamado a un cese de fuego es un momento propicio para reflexionar sobre las transferencias de armas en tiempos de COVID-19, así como sobre las oportunidades que presenta la pandemia para redirigir los recursos hacia sectores más prioritarios como los de salud o educación.

Un patrón en común de todos los conflictos actuales es, entre otras cosas, la gran presencia de armas convencionales, ligeras y pequeñas, que causan daños irreparables a la población civil y la infraestructura de un país. Volviendo al ejemplo de Yemen, se calcula que la coalición liderada por Arabia Saudita ha realizado mas de 20.000 bombardeos desde que comenzó la guerra en 2015, a razón de 12 por día; mientras que las fuerzas Huties han disparado artillería de forma indiscriminada a ciudades en Yemen y en Arabia Saudita (ver este informe). En otros países con altos niveles de violencia criminal la presencia de armas pequeñas exacerba los niveles de violencia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que el 75% de los homicidios en América Latina se producen con armas de fuego.

Sin ir más lejos, y pese a que en Argentina los niveles de homicidios se encuentran entre los más bajos de la región, la presencia de armas para la comisión de delitos ha cobrado notable visibilidad durante la cuarentena. Es muy probable que esas armas hayan sido adquiridas de manera legítima por la población civil o por las fuerzas de seguridad pero terminaron en manos de bandas delictivas. Por eso, el control del desvío de estas armas pequeñas es fundamental en contextos como el argentino. Reforzar la seguridad de los arsenales es una manera de hacerlo así como también continuar promoviendo el Programa de Desarme iniciado en el país en 2007 y destruir esas armas y las que se encuentran en depósitos judiciales hace años, de forma de evitar su recirculación en la sociedad.

Es válido notar que el comercio de armas no es malo per se. Los estados tienen el derecho legítimo de importar y exportar armas para sus fuerzas armadas y de seguridad pero se espera que lo hagan de forma responsable, asegurando que esas armas no se desvíen a mercados y actores ilícitos (como se notó previamente), que no sean usadas para cometer violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de guerra o que se usen para exacerbar aún más un conflicto en curso. Se estima que el volumen de transferencias internacionales de armas convencionales alcanza los 100 mil millones de dólares al año. A eso se le agrega el comercio de armas pequeñas y livianas que se estima en 6 mil millones de dólares. La pregunta es si estas transferencias deberían ser prioritarias en medio de una pandemia que muestra que ni las naciones más avanzadas están preparadas para combatirla.

De la misma manera, hay que preguntarse si los actuales niveles de gasto militar mundial se corresponden con la crisis sanitaria que vivimos. En abril de 2020, el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI) publicó los datos anuales sobre gasto militar. El gasto militar global en 2019 fue de US$ 1.92 billones, lo que representó un aumento del 3.6% respecto a 2018 y el nivel de gasto más alto desde la crisis financiera de 2008. Todavía es muy pronto para saber si estos niveles cambiarán como consecuencia de la pandemia.

Desde que se inició la pandemia de COVID-19, muchas ONGs han llamado la atención respecto a la necesidad de reasignar recursos destinados a la adquisición de armamentos al sector de salud. A modo de ejemplo, el International Peace Bureau estimó que una hora de vuelo del F-35 (uno de los aviones de combate más modernos de EE.UU) equivale al salario anual promedio de una enfermera en los países de la OECD: US$ 44.000. El costo de este mismo avión (US$ 89 millones) equivale a 3244 camas de terapia intensiva. Los US$ 11 millones que cuesta un tanque Leopard 23 equivalen al costo de 440 respiradores (ver aquí). La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) también estimó que el costo de un año del programa nuclear francés (€ 4,5 mil millones en 2019) podría pagar 100,000 camas de hospital para unidades de cuidados intensivos, 10,000 ventiladores y los salarios de 20,000 enfermeras y 10,000 médicos franceses. De la misma manera, se ha criticado la decisión de incluir a la industria de armas como un sector esencial durante la pandemia, lo que significa que pueden seguir produciendo y exportando armas.

En síntesis, a medida que el mundo se recupera de la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional tiene la oportunidad de repensar cómo se asignan recursos y se priorizan políticas de largo plazo en sectores como el de salud, por sobre ganancias más inmediatas como las que produce el comercio de armas. Como demostró esta pandemia, ni las mejores fuerzas armadas del mundo ni los mejores sistemas de armas alcanzaron, en este caso, a prevenir una crisis sanitaria y económica de la cual aún desconocemos sus efectos en el corto y largo plazo.



Carina Solmirano es Lic. en Ciencia Política de la UBA y Magister en Seguridad Internacional de la Josef Korbel School of International Studies (Universidad de Denver). Actualmente es la Coordinadora del Monitor del Tratado sobre el Comercio de Armas de la organización Control Arms. VER MÁS.