Apuntes sobre la implementación de la Ley de Bosques

Dentro de las políticas ambientales nacionales en Argentina, la Ley de Bosques (N° 26.331), sancionada en 2007, es reconocida en la opinión pública por dos cosas. La primera es por su vasto y completo cuerpo normativo y la segunda por los límites que tuvo para controlar la deforestación de manera efectiva.


Entre los puntos a favor encontramos que la Ley de Bosques tiene como objetivo principal poner un freno al avance de la frontera agropecuaria. Para ello, estableció dos herramientas centrales que no se encuentran en ninguna otra normativa ambiental nacional. La primera son las leyes de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que obligan a que cada provincia, tras realizar un proceso de consulta pública, elabore un mapa que contenga una clasificación de sus bosques nativos en tres categorías de conservación:


  • Roja: Áreas de alto valor de conservación que no deben transformarse;

  • Amarilla: Áreas de mediano valor de conservación que pueden ser sometidas a usos sustentables como ciertos tipos de aprovechamientos, turismo e investigación científica;

  • Verde: Áreas de bajo valor de conservación que pueden ser transformadas de manera parcial o total, siguiendo ciertos criterios normativos.

La segunda herramienta es el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, que fue constituido con una doble función: la primera fue compensar a los propietarios por conservar o manejar sustentablemente los bosques nativos que se encuentran en sus propiedades ,y la segunda fue aumentar los recursos administrativos con los que cuentan las autoridades locales de aplicación. Así, el 70% del fondo es destinado hacia la primera función, mientras que el 30% va hacia las distintas agencias provinciales encargadas de la implementación.


Vamos hacia sus críticas. En general, datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación e informes de reconocidas ONG como Greenpeace continuamente difunden informes con datos alarmantes de deforestación, sobre todo, en el norte del país. En el caso de Greenpeace, la difusión de los datos suele ir acompañada de una demanda por una política de deforestación cero en dicha región. Por ejemplo, en enero de este año, Greenpeace informó que en 2019 se perdieron alrededor de 50 mil hectáreas de bosques nativos, situación catalogada como de emergencia forestal.


Si nos detenemos en el dato duro de la deforestación anual es posible que estemos viendo una foto que nos lleve a pensar que la Ley de Bosques definitivamente no fue útil, pero es posible que nos estemos perdiendo la película. Sin entrar en grandes detalles, la evolución de la deforestación desde 2006 en adelante muestra el impacto positivo que tuvo la Ley de Bosques (aunque una importante cantidad de hectáreas perdida corresponde a superficies prohibidas por ley).


Gráfico 1. Deforestación total entre 2007 y 2018

Fuente: elaboración propia con base en datos del MAyDS. Los datos para algunos años son aproximados porque fueron originalmente publicados para varios años en conjunto


Pero, más allá de los efectos inmediatos de la reducción de la deforestación, la implementación de la ley tuvo otros efectos positivos que no suelen ser tenidos en cuenta.


En primer lugar, todas las provincias con bosques nativos (es decir, todas menos CABA), sancionaron sus OTBN. Si bien es cierto que hay una gran variabilidad entre los OTBN, este hecho representa algo único para el federalismo ambiental argentino.


En segundo lugar, la implementación del Fondo de compensación tuvo dos impactos positivos poco mencionados. Por un lado, algunas investigaciones demuestran que el fondo tuvo un impacto positivo para bajar la deforestación. Por otro lado, el fondo tuvo un efecto sumamente valioso al fortalecer con nuevos recursos (materiales, profesionales y presupuestarios) a las agencias estatales encargadas de implementar la ley. Estos resultados positivos se produjeron a pesar de que el Estado nacional nunca distribuyó lo establecido por ley. Sin embargo, la implementación del fondo cuenta con algunas debilidades. Entre ellas, ha llegado muy poco a las comunidades indígenas y campesinas que son quienes se abastecen, cuidan y manejan sustentablemente los bosques nativos.


Dado que las políticas públicas requieren un proceso de anclaje y aprendizaje en los territorios en los que se aplican y que la implementación requiere de una continua evaluación para identificar los puntos débiles, estamos en un momento de proponer un cambio de rumbo que, de ningún modo, implica debatir nuevamente los estándares normativos.


Las propuestas pueden girar en torno a competencias nacionales y provinciales. En cuanto al Estado nacional, resulta urgente ampliar los fondos destinados hacia las provincias de modo de potenciar los dos logros alcanzados. A su vez, incorporar la figura de delitos ambientales para penalizar a quienes comenten deforestaciones ilegales, ya que las multas parecen tener un efecto limitado en cambiar la conducta de los grandes productores agropecuarios. En cuanto a los estados provinciales, es necesario potenciar los controles y, sobre todo, redireccionar los fondos hacia pequeños productores, comunidades indígenas y familias campesinas.


Con estos cambios, los bosques nativos regulados por la Ley de Bosques podrán ser manejados de una manera más sustentable, beneficiando, sobre todo, a las comunidades que se abastecen de estos ecosistemas como modo de vida.


Lucas es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín y Magíster en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe por la misma casa de estudios. Actualmente, se encuentra realizando el Doctorado en Ciencia Política en la UNSAM con una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). VER MÁS