4 mitos sobre Evaluación de políticas públicas en Argentina

Por Denise Laurens, Verónica Crescini y Celeste Ghiano |


En las últimas décadas la evaluación de políticas públicas ha concentrado la atención de académicos, referentes sociales y políticos en América Latina y el mundo. Hemos visto un aumento del número de evaluaciones, el desarrollo de diferentes tipos de evaluación, el surgimiento de nuevos grupos profesionalizantes, la creación de carreras de especialización en la materia y el reconocimiento de la evaluación como función estratégica por parte de quienes toman decisiones en políticas públicas. Todo lo cual da cuenta de un crecimiento en el mundo de la evaluación.


Ahora bien, ¿realmente se pueden pensar políticas públicas basadas en evidencia? ¿Para qué, para quiénes? En este artículo te invitamos a desmontar ciertos (pre) juicios sobre la función de evaluación y a animarte estudiar más sobre el asunto:

1. La evaluación es cosa de técnicos. ¿Por qué y para qué evaluar?


Muchas veces se tiende a asociar a la evaluación con un documento, un producto que acompaña decisiones ya tomadas que legitima aquello que se ha logrado conseguir de manera completamente pragmática. Pero la evaluación es eso y mucho más.


Una evaluación es una valoración, lo más sistemática e imparcial posible, de una actividad, proyecto, programa, estrategia, política o desempeño institucional. Analiza el grado de consecución de los resultados esperados e imprevistos, examinando la cadena de resultados, los procesos, los factores contextuales y la causalidad. Una evaluación debe suministrar información útil y empírica que facilite la incorporación oportuna de los hallazgos, recomendaciones y lecciones en los procesos de toma de decisiones (ver este documento del Grupo de Evaluación de Naciones Unidas).


Ahora bien, aunque se trate de una investigación disciplinada, la finalidad del proceso de evaluación es política. Tiene una utilidad práctica: rendir cuentas, mejorar procesos y/o ilustrar acciones futuras. Y se desarrolla en un contexto específico, centrado en la acción que se está evaluando, sujeto a tiempos políticos, condicionado por cierta lealtad hacia los responsables de los programas, donde sus intereses y necesidades deben contemplarse.


2. En este país la evidencia no importa. ¿Se puede evaluar en Argentina?


Aunque en Argentina la evaluación aún no se consolide como actividad institucional en la cultura organizacional de nuestras administraciones públicas ni exista una política legislada nacional de base para agencias o unidades gubernamentales (Rosestein, 2013; Aquilino, 2015), la evaluación ha logrado ocupar un lugar cada vez más relevante en la agenda pública.


En nuestro país, la sociedad civil tiene un importante rol a la hora de visibilizar la importancia de la evaluación: la Red EvaluAR es un grupo de profesionales que promueve la consolidación de la cultura de la evaluación en diversos ámbitos de gestión a nivel nacional en Argentina, que se enmarca dentro de la ReLAC, la red de redes de América Latina y el Caribe.


Asimismo, desde 2011 se evidencia más apoyo político, mayor reconocimiento como actividad específica, la inclusión de nuevos actores como evaluadores externos y la utilización de metodologías combinadas para avanzar en la comprensión de la complejidad de las políticas y su evaluación integral (Neirotti et al., 2015). Nos encontramos en una etapa donde las políticas públicas suponen un diseño que no surge en una oficina o exclusivamente de los equipos técnicos, sino que son el resultado de debates, tensiones, conflictos y acuerdos. Se avizoran cambios que tienen relación con una mayor atención a la racionalidad política presente en los procesos decisorios, formas más participativas de evaluación, mayor ligazón entre evaluaciones de resultados y procesos, preocupación por evaluar la efectivización de derechos, sumado al crecimiento de la inquietud por generar un mayor uso de la evaluación (Neirotti, 2012 en Neirotti N. (Coord.) et al, 2019). De hecho, en marzo de 2020 en su discurso de apertura ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación, anunció la creación de una Agencia Federal de Evaluación de Impacto de las Políticas Públicas y se otorgó un nuevo impulso al SIEMPRO.


3. El problema son nuestros administradores públicos. ¿Tenemos capacidades para evaluar?

Es muy común escuchar que muchos de los fracasos de iniciativas políticas encuentran su justificación en el desinterés de las administraciones públicas. Casi de rutina, los males de nuestro país suelen explicarse por una burocracia poco calificada o por el mal genio de algunos políticos que no se atreven a tomar decisiones y a aplicarlas con la jerarquía que les compete. La evaluación no escapa a esto y la literatura especializada nos advierte que las imposiciones al estilo “¡a evaluar!” tienen poco resultado.


En América Latina, la evaluación ha sido percibida más como un monstruo que como un aliado para la toma de decisiones: una imposición externa de organismos internacionales, pre-anuncio de recortes presupuestarios y con poca utilidad inmediata para los gestores.


Actualmente en nuestra comunidad evaluadora, estamos hablando del ecosistema evaluador: un entorno propicio para llevar adelante las evaluaciones. Esto implica pensar en la disponibilidad legal e institucional y en la existencia de una demanda y oferta de evaluaciones sostenidas y de calidad. En este sentido, no sólo es suficiente tener buenas normativas si éstas no se cumplen, o sólidas instituciones si éstas no cuentan con los recursos necesarios para emprender procesos evaluativos; o muchos profesionales de la evaluación si éstos no pueden ejercer su profesión; o mucha demanda de evaluación pero con escasa formación de las personas.


Por eso sostenemos que la evaluación no puede implementarse en gobiernos que no lo deseen y que el uso de la información no sucede por casualidad, sino que debe promoverse con una estrategia explícita. Resulta relevante que quiénes participen estén convencidos/as de las implicancias de un proceso de evaluación, los aportes que puedan realizar al mismo y conocer la forma en que sus equipos pueden contribuir.

La construcción de un entorno evaluador habilitante es el primer paso a dar para que las evaluaciones de políticas públicas sean viables en nuestras administraciones públicas.


4. No hay oferta formativa sólida en nuestro país. ¿Podemos prepararnos?

Las y los evaluadores provienen de diversos contextos, trayendo desde sus espacios y profesiones de origen (de muy variadas disciplinas) una pluralidad de conocimientos, experiencias, habilidades, así como entornos culturales, éticos y comunitarios, los que a lo largo de la historia de la disciplina han sido generadores de muy variadas guías y manuales de evaluación.


Existe una variedad de ofertas en materia de propuestas académicas, entre las cuales se encuentra la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas, que se dicta en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que brinda una sólida formación interdisciplinaria que conjuga aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos con un consistente cúmulo de conocimientos actualizados en materia de políticas públicas, con especial énfasis en los procesos de evaluación.


Recientemente se ha lanzado la iniciativa APRENDER del Centro CLEAR LAC y el Programa PETAS UNSJ para la difusión de las propuestas de formación en Evaluación en América Latina y el Caribe, con modalidad presencial y virtual, que facilita conocer en una sola plataforma todas las propuestas formativas.

Como ya se habrá advertido la práctica evaluadora permite reconocer errores y aciertos, identificar aspectos de mejora y desarrollar capacidades para el aprendizaje organizacional. Su ejercicio no es tarea casual ni habitual. Pero estamos en un gran momento para impulsar su desarrollo y servirnos de sus bondades. Te invitamos a pensar: en nuestros espacios de desarrollo cotidiano, ¿podemos emprender una evaluación? ¿qué capacidades instaladas se presentan? ¿con qué podemos empezar? ¿con quiénes? ¿cómo? 3, 2, 1… ya!


Denise Laurens es Lic en Ciencia Política, Mg en Evaluación de Políticas Públicas, Mg en Desarrollo Territorial.Coordinadora Académica de la Maestría en Evaluación de Políticas Públicas, FTS, UNER. Evaluadora Independiente Coordinadora de Gestión y Acceso a la Información dependiente de la Secretaría de Modernización del Estado de Entre Ríos. VER MÁS.

Verónica Crescini es Lic en Ciencia Política. Maestranda en Evaluación de Políticas Públicas FTS UNER (tesis presentada)  Miembro de Evalyouth Argentina y de la Red EvaluAR. Docente de Planificación Social de la carrera de Lic. en Ciencia Política FCPOLIT-UNR y de la Escuela Superior de Administración Municipal de Rosario. se desempeña como evaluadora independiente. VER MÁS.

Celeste Ghiano es Lic. en Ciencia Política, Candidata a doctora en Administración Pública (tesis presentada). Integrante de la Comisión Directiva de la Red EvaluAR  2020-2021. Coordinadora Grupo de Trabajo Estándares de Evaluación para AL&C- ReLAC. Miembro de la Profesionalization Task Force IOCE. Docente e Investigadora en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas. Se desempeña como evaluadora Independiente. VER MÁS.